Nuevos trapos (rojos). La incidencia de las izquierdas en el movimiento obrero en tiempos de transición (1982-1985)

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Leandro Molinaro

ORCID: 0000-0002-5160-220X
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani - Universidad de Buenos Aires -
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Centro de Estudios Históricos
de los Trabajadores y las Izquierdas. Buenos Aires, Argentina
leandromolinaro@gmail.com

Resumen: El artículo indaga sobre el devenir en el movimiento obrero de cuatro corrientes de izquierda en el Área Metropolitana de Buenos Aires entre 1982 y 1985. En la primera parte se releva la implantación de estas organizaciones en sindicatos y lugares de trabajo en los meses finales de la última dictadura. El segundo apartado se centra en las formas en que estos partidos intentaron aumentar su inserción a partir del proceso de normalización gremial. La última sección refiere a los nexos entre la participación de las izquierdas en la conflictividad laboral y la resignificación de los consensos vinculados al orden democrático por un sector de la clase obrera.

Palabras clave: Izquierdas – Movimiento Obrero – Lugares de Trabajo – Democracia

Título: New (red) rags. The incidence of the left-wing parties in the labor movement in times of transition (1982-1985)

Abstract: The article investigates the evolution of the labor movement of four left-wing parties in the Metropolitan Area of Buenos Aires between 1982 and 1985. The first part highlights the implementation of these organizations in unions and workplaces in the months end of the last dictatorship. The second section focuses on the ways in which these parties tried to increase their insertion through the union normalization process. The last section refers to the relationship between the participation of the left-wing parties in labor conflict and the resignification of the consensus linked to the democratic order by a sector of the working class.

Key words: Left-wing Parties – Labor Movement – Workplaces – Democracy

Recepción: 6 de noviembre de 2023. Aceptación: 20 de diciembre de 2023

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Este artículo tiene como objetivo examinar algunas de las aristas de la implantación de los partidos de izquierda de orientación marxista en el movimiento obrero entre junio de 1982 y agosto de 1985. Concretamente, nos referimos a los derroteros en diversos sindicatos y lugares de trabajo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del Partido Comunista (PC), el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Partido Obrero (PO) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), cuatro corrientes que, de forma desigual, tuvieron relevancia en el mundo del trabajo durante gran parte del siglo XX. Tomamos como punto de partida que las izquierdas y el movimiento obrero no pueden ser estudiados como fenómenos históricos disociados (Camarero, 2007; Ceruso y Mangiantini, 2022). En el caso argentino, el interés académico por la interacción de estos sujetos en la década de 1980 se incrementó en los últimos años, intentando llenar una vacancia historiográfica (Águila, 2019).1 En línea con aquello, a lo largo de estas páginas indagamos sobre la participación de las organizaciones marxistas tanto en el proceso de normalización sindical como en las principales luchas del período. De esta forma, buscamos calibrar la implantación de estos actores políticos en sindicatos y lugares de trabajo.2

En esta dinámica tendremos en cuenta la incidencia de estos partidos en la cultura obrera atravesada por los consensos democráticos surgidos a inicios de la década de 1980.3 Esto último puede articularse con lo planteado por Raphael Samuel (2006) en cuanto a la importancia de un partido de izquierda en la toma de conciencia (para sí) de la clase trabajadora.

La trama se desarrolla entre el lapso final de la última dictadura militar y el primer bienio del orden democrático, época que fue catalogada como parte de la llamada “transición democrática”.4 Específicamente, iniciamos nuestra investigación luego del desenlace de la Guerra de Malvinas que dio comienzo al epílogo del “Proceso de Reorganización Nacional”, finalizando con la ola de tomas de lugares de trabajo producidas a mediados de 1985 en los inicios del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Nuestro interés en esos años radica, en primer lugar, en que observamos altos niveles de confrontación entre capital y trabajo.5 A pesar de que existe una amplia bibliografía sobre la actuación de diversos nucleamientos peronistas en la dirección de las principales pugnas sindicales, existe un campo por explorar acerca de la relevancia de las izquierdas en la conflictividad del período. En segundo término, estas disputas se vieron incentivadas por el cambio político en ciernes, la aparición de una nueva generación de trabajadores impactada por la represión estatal y las experiencias de oposición obrera del lustro anterior, los reclamos tanto por “arriba” como por “abajo” por la normalización sindical y las tensiones surgidas en torno a la recepción y resignificación de los consensos democráticos de la época en diversos sitios laborales. Articulado con lo anterior, planteamos como hipótesis que las experiencias de lucha dieron lugar a la emergencia de prácticas y valores en un sector del movimiento obrero que impactaron en las tácticas y el discurso público de las izquierdas.

Las izquierdas en el epílogo de la última dictadura militar

Posar la mirada en los partidos de orientación marxista requiere aclarar, desde un principio, que sus trayectorias, aunque anudadas, fueron disímiles. La entidad de mayor envergadura de este arco político era el Partido Comunista. La organización había conservado su legalidad durante la última dictadura, por lo que pudo mantener su estructura. No obstante, no salió indemne del plan sistemático de terrorismo de Estado ya que contó en sus filas con 136 desaparecidos y cientos de presos políticos. En 1983, la cúpula partidaria decidió apoyar electoralmente al Partido Justicialista en nombre de la “convergencia multipartidaria” (Casola, 2015), lo cual no tuvo los resultados esperados. La implantación de los comunistas en el movimiento obrero era extensa con activistas en la mayoría de los gremios. Desde 1981 su Comité Central había implementado una política conocida como “Informe Pereyra” que instaba a sus militantes a volcarse a los lugares de trabajo para ser elegidos como delegados y a formar un frente único con agrupaciones peronistas con el objetivo de construir un partido de masas. El PC fundamentaba que, como los trabajadores se sentían parte del movimiento fundado por Juan Perón, correspondía interpelarlos a partir de esa misma identidad. Esta directiva le permitió durante la primera mitad de la década de 1980 un cierto crecimiento de representación en algunos gremios y empresas (Messina, 2020). Hacia 1983, esto parece cotejarse al analizar aquellos establecimientos del AMBA donde tenían influencia compartida, por lo general, con sectores del peronismo.6

Con estos últimos, además, mantenía alianzas en diversas asociaciones sindicales. Por lo general, estrechaba lazos con la Comisión de los 25, pero era reacio a las 62 Organizaciones a la cual consideraba como representante de la burocracia sindical (Casola, 2015). En menor medida, también encontramos que podían formar coaliciones con partidos de centroizquierda (como el Partido Intransigente –PI– o el Partido Socialista Democrático) y de izquierda. Estos frentes le permitieron integrar la conducción de diferentes asociaciones, como en La Fraternidad (LF), la Unión Ferroviaria (UF) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. En bancarios, se integró a la Lista Blanca liderada por el peronista Juan José Zanola.7 En el gremio docente, fue una de las corrientes que fundó la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior en agosto de 1983.

A diferencia del PC, otras corrientes marxistas fueron ilegalizadas por la última dictadura. El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), la organización trotskista liderada por Nahuel Moreno, fue una de ellas. Durante el “Proceso” sufrió 96 desapariciones, decenas de militantes encarcelados, y parte de su dirección debió exiliarse en Colombia (Mangiantini, 2022). Luego de la Guerra de Malvinas, el PST, junto a una escisión del viejo Partido Socialista, fundó el Movimiento Al Socialismo con el fin de insertarse en la apertura política dispuesta por un debilitado gobierno de facto.

La incidencia del morenismo en el movimiento obrero había retrocedido en comparación a la década previa, en particular en los gremios industriales. Para 1983 tenía presencia de militantes solo en la compañía estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales y en algunas empresas metalúrgicas, automotrices, gráficas, y de alimentación (con excepción de Canale donde formaba parte de la comisión interna).8 Por el contrario, poseía mayor injerencia en gremios de servicios, como ferroviarios (principalmente, en seccionales de señaleros, UF y LF de los ferrocarriles Roca y Sarmiento), docentes (formaba parte de la dirección de la Unión de Educadores –UE– de San Isidro y de la UE de General Sarmiento), no docentes, administrativos de diversos organismos estatales, sanidad (tenía delegados en el Sanatorio Güemes, en el Hospital Italiano, y en el Israelita), salud pública (en los hospitales Argerich y Piñeiro), empleados de comercio (contaban con representantes gremiales en el Supermercado Disco), trabajadores del subte, judiciales (integraba la comisión transitoria de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación –UEJN–), municipales de Capital Federal, Luz y Fuerza, telefónicos, portuarios, guincheros, correo y bancarios.9 En este último era donde contaba con mayor inserción, lo cual estaba relacionado con la apertura de bancos y financieras a partir de la reforma efectuada durante el régimen de facto. La sólida presencia en este gremio llevó a que participara activamente en los conflictos que se desarrollaron en el segundo semestre de 1983, durante los cuales se integró o aumentó su representación en veinte instituciones financieras.10

La debilidad en los reductos fabriles en el epílogo de la dictadura influyó para que su conducción dispusiera como principal táctica establecer lazos con la clase obrera en los barrios para disputarle allí al peronismo su base electoral y, de esta forma, obtener réditos del nuevo marco legal abierto tras la Guerra de Malvinas. A la vez, esta política territorial era una forma de acercarse a nuevas experiencias de resistencia surgidas en diversas comunas del conurbano como las tomas de tierra y los “vecinazos”.11 Entre finales de 1982 y octubre de 1983, el MAS inauguró alrededor de 600 locales partidarios, 400 de ellos en el Gran Buenos Aires (GBA).12

Sin embargo, el magro resultado obtenido en los comicios generales13 llevó a que la dirección del partido impulsara cambios organizativos, principalmente destinados a profundizar su inserción en unidades productivas. Si bien para lograr implantarse en las fábricas y otros sitios laborales postulaba que los locales barriales continuarían representando la “unidad esencial de la organización partidaria”, lo cierto es que este cambio táctico implicó un cierre de cientos de “casas socialistas”.14

La otra corriente trotskista, aunque de menor envergadura que el MAS, era Política Obrera. Esta organización, dirigida por Jorge Altamira, pasó a denominarse Partido Obrero para actuar en la apertura política decretada por el gobierno de Bignone. La represión paraestatal y estatal de la década de 1970 había mermado sus filas, con militantes detenidos ilegalmente y asesinados y una decena de desaparecidos. Para las elecciones generales de 1983 obtuvo un resultado marginal (Coggiola, 2006).15 En esa coyuntura, el PO tenía presencia militante en sitios laborales de gremios como el bancario, metalúrgico, ferroviario, papelero, docente, telefónico, gráfico y prensa. La inserción más relevante de esta corriente se encontraba en Volkswagen (VW) Monte Chingolo. Tras varios años de trabajo clandestino, había accedido a la conducción de la comisión interna. Sin embargo, el despido de sus activistas y otros operarios en mayo de 1983, tras un largo conflicto (Molinaro, 2017), desarmó el trabajo realizado y le restó peso en ese gremio.

Para finalizar con el análisis sobre la implantación de las organizaciones de izquierda, nos queda por comentar el caso del Partido Comunista Revolucionario. En la segunda mitad de la década de 1970, esta organización maoísta sufrió más de una treintena de asesinatos y desapariciones. En 1983 creó el Partido del Trabajo y el Pueblo como brazo legal. Al igual que el PC (al que caracterizaba como representante del “imperialismo soviético”), apoyó a los candidatos peronistas en las elecciones nacionales de octubre bajo el lema “por la unidad contra la dictadura y los intereses que representa”.16 En este período, su presencia gremial en el AMBA se reflejaba en la actuación de la “Agrupación clasista 1° de mayo” en diversos sindicatos. Este nucleamiento publicaba boletines en el SMATA (su mayor peso se encontraba en la automotriz Ford), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato Gráfico Argentino (SGA) y la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA). Además, los maoístas tenían presencia militante en establecimientos metalúrgicos, vitivinícolas, de sanidad, medios gráficos y de prensa, escolares y en talleres ferroviarios.

La participación minoritaria en el movimiento sindical de estos partidos dificultaba que pudieran imponer sus posiciones en los conflictos laborales. Hubo excepciones en lugares de trabajo donde los organismos de base eran dirigidos por estos sectores de izquierda, como Subterráneos de Buenos Aires, VW Monte Chingolo, el Sanatorio Güemes, el Hospital Italiano y diversas entidades bancarias.

Asimismo, las divergencias ideológicas y tácticas entre estas agrupaciones provocaron que en varios enfrentamientos de relevancia estuvieran en veredas opuestas. Principalmente, las diferencias se dieron entre el Partido Comunista y el resto de las organizaciones marxistas. La integración del comunismo con nucleamientos peronistas en sindicatos como la Asociación Bancaria (AB), SMATA y UF los llevaba a ser críticos de las acciones de base que iban contra los intereses de una parte de la dirigencia sindical. En pleitos de relevancia, como la disputa en VW Monte Chingolo, el PC se opuso a las medidas de fuerza promovidas por la organización de base.17 Este tipo de participación y posicionamiento provocaría tensiones en el interior del partido y, posteriormente, contribuiría a la revisión de su alianza con el peronismo en el plano electoral y sindical.

En resumen, las izquierdas presentaban una implantación desigual en el movimiento obrero en el epílogo de la dictadura. Los recorridos de estos partidos eran disimiles por el tamaño de las organizaciones, el grado de inserción y su relación con los nucleamientos dirigenciales. Como veremos a continuación, a pesar de estas diferencias, el proceso inconcluso de regularización de los sindicatos, las ilusiones del cambio del régimen político y la creciente conflictividad obrera dejaban abierta la posibilidad de que estas organizaciones pudieran profundizar su inserción en el mundo del trabajo.

Las oportunidades abiertas por el proceso de normalización gremial

La puja entre los actores gremiales tradicionales y los diferentes gobiernos del período por la recuperación de la conducción nacional de los sindicatos intervenidos se intensificó a partir de mediados de 1982.18 Durante la presidencia de Bignone, las izquierdas no pudieron tener incidencia en este proceso, ya que, por lo general, se nombraron interventores o comisiones transitorias que surgían de acuerdos, no exentos de tensiones, entre sectores de la antigua dirigencia y los funcionarios militares. Hubo excepciones como la integración de los morenistas a la comisión normalizadora de UEJN o el acceso a cargos de comunistas en la Asociación Bancaria en una de las pocas elecciones realizadas durante el epílogo de la dictadura. El esfuerzo mayor de los partidos izquierdistas se dirigió a organizar la realización de elecciones de delegados en los lugares de trabajo. Instaban a una “normalización por abajo” para evitar que el acto eleccionario fuese obturado por el acuerdo entre las cúpulas gremiales y el gobierno de facto.

La reapertura democrática abrió nuevas perspectivas. El frustrado intento de “reordenamiento y democratización sindical” del gobierno de Alfonsín a comienzos de su gestión (Massano, 2012), dio paso a un acuerdo entre el radicalismo y los líderes gremiales peronistas para convocar a comicios tutelados por estos últimos. No obstante, la fragmentación del sindicalismo justicialista amplió las posibilidades de las corrientes marxistas de ingresar a los sindicatos mediante acuerdos con otras fuerzas políticas.19

Las agrupaciones izquierdistas compartieron una misma táctica que consistió en tejer alianzas con diversas fracciones del peronismo, inclusive con agrupaciones dirigenciales. La participación en diferentes listas muestra que tenían una presencia amplia en el movimiento obrero, aunque minoritaria. Asimismo, las agrupaciones trotskistas y el Partido Comunista Revolucionario llevaban como candidatos a activistas reconocidos en sus lugares de trabajo, lo cual exponía una inserción a nivel celular en algunos gremios. No obstante, esta política de acuerdos también evidenciaba la imposibilidad de reeditar experiencias como las del clasismo del Sindicato de Trabajadores de Concord, Sindicato de Trabajadores de Materfer o del SMATA Córdoba surgidas en los años siguientes al Cordobazo.

En varios sindicatos de peso, por su cantidad de afiliados o lugar estratégico, los frentes que integraron estos partidos tuvieron éxito o les permitieron crecer en el interior de las asociaciones. En la región del AMBA, esto pudo cotejarse en algunas seccionales de la UOM como La Matanza y Quilmes. En esta última se conformó una coalición entre el MAS, el PC y sectores del peronismo combativo (Cieza y Wallace, 1994). Otro sindicato en el cual los comunistas integraron un frente ganador fue la seccional capitalina de la Asociación Bancaria, la más importante de este sindicato.20 Además, en el SMATA, la Lista Verde de José Rodríguez que ganó las elecciones del gremio en 1984 recibió el apoyo del PC. Una de las listas opositoras a este dirigente, la Naranja, estuvo conformada por activistas del PCR (que lideraban la CI de Ford), el MAS y el PO. En el gremio de la construcción, el PC, el MAS y el peronismo combativo triunfaron juntos, o con diferentes alianzas en La Matanza y Lomas de Zamora. En este último, el nucleamiento peronista que dominaba la seccional obstaculizó la entrega del mando.21

Hubo problemas similares en ATSA, la seccional de Buenos Aires de los trabajadores privados de la sanidad. Allí, comunistas y morenistas se aliaron con peronistas de la Comisión de los 25, radicales, el PI e independientes (Lista Naranja), los cuales se impusieron en las elecciones de noviembre de 1984.22 Debieron combatir las maniobras de la dirigencia de la Lista Azul que conducía la asociación desde hacía treinta años y que, para evitar su derrota, apeló al matonaje y al robo y quema de urnas. En una decisión que pareció favorecer a la vieja dirigencia, el Ministerio de Trabajo intervino y anuló los comicios. Luego de que las diversas agrupaciones que conformaban la Naranja realizasen varias movilizaciones en repudio a esta decisión, se volvió a votar nueve meses después. Este frente ratificó su superioridad ganando con el 65% de los sufragios (López, 2023).

Por lo que respecta a los diversos gremios estatales, el PC y en menor medida otros partidos de izquierda también tuvieron avances. En la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, los comunistas y el MAS apoyaron a la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad encabezada por Víctor De Gennaro y Germán Abdala, la cual triunfó en los comicios.23 En relación a los sindicatos de empresas públicas, el comunismo integró los frentes ganadores en las seccionales de Capital de FOETRA y Luz y Fuerza y en la dirección nacional de UF.24 En este último y en LF, las corrientes de izquierda lograron ampliar su representación en diversas seccionales radicadas en las cabeceras de Capital Federal y en el conurbano bonaerense.

Dentro del fragmentado mapa sindical de los docentes estatales, el PC también tuvo un rol preponderante, mientras que el PO, el PCR y el MAS ocuparon algunos espacios menores. En la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el organismo de mayor peso del gremio, los comunistas se integraron a la conducción en alianza con la Unión Cívica Radical, el PI, socialistas e independientes.25 En el sindicato docente con más afiliados de Capital Federal, la Unión de Maestros Primarios, la lista ganadora era una coalición similar a la que dirigía CTERA pero con la adhesión de una agrupación peronista (Vázquez Gamboa et al., 2007).26 En el conurbano bonaerense, el PC obtuvo cargos en la dirección de la UE de Quilmes (donde también había activistas del PCR), UE de Moreno y UE de San Martín. También hubo municipios donde otros sectores de izquierda formaban parte de la conducción de entidades gremiales junto con otras fuerzas: la Asociación de Trabajadores de la Educación de Lomas de Zamora (MAS), UE de San Isidro (MAS), UE de General Sarmiento (PO, MAS), y la Asociación de Educadores de Berazategui (PCR).27

El recorrido trazado nos muestra que el PC fue el partido de izquierda con más peso en la contienda electoral, seguido por el MAS. El PO y el PCR tuvieron una influencia más reducida. La corriente liderada por Altamira fue parte de la coalición que ganó en el SGA de Capital y GBA.28 Con respecto al PCR, también integró en frentes que ganaron elecciones: en el Sindicato de Prensa de Capital Federal y en la Asociación de Periodistas de Buenos Aires.29 Salvo excepciones como el SMATA, los maoístas preferían evitar aliarse con trotskistas y comunistas.30

Ahora bien, las perspectivas abiertas por los comicios gremiales no se limitaron solo a nivel de cúpulas. Las agrupaciones de izquierda tuvieron protagonismo en las elecciones de organismos de base que entrecruzaban este proceso de normalización sindical con las demandas obreras del período que, como veremos más adelante, resignificaban los valores democráticos en boga, asociándolos al mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Detectamos un importante número de elecciones de delegados entre mediados de 1984 y el primer trimestre de 1985. En este proceso las izquierdas lograron triunfar en diferentes comicios, por lo general junto a activistas de otras corrientes e independientes. Si bien los líderes peronistas se impusieron en las cúpulas gremiales, en el caso de estos organismos de base su poder era más reducido. Por ejemplo, según datos de la época, mientras las agrupaciones peronistas tradicionales controlaban el 70% de las comisiones internas, el 30% restante estaba en manos de sectores de izquierda o del peronismo combativo, por fuera del control de la dirigencia.31

Igualmente, la participación en todo este proceso electoral, tanto de los cargos en la conducción gremial como en organizaciones de base, tuvo costos para el activismo contestatario. En los periódicos de las diversas corrientes de izquierda aparecían denuncias sobre despidos e, incluso, hechos de violencia contra opositores a manos, por lo general, de representantes de las dirigencias gremiales. Cabe detenerse en el caso de ATSA Buenos Aires donde, como mencionamos, la Lista Naranja logró ganar las elecciones tras un largo pleito. Sin embargo, en el transcurso de este proceso fue despedido personal perteneciente a esta lista, en su mayoría mujeres, como ocurriera en el Sanatorio Mitre, el Centro Gallego, Laboratorios Roche, Sanatorio Otamendi y en el Hospital Francés. Al final del proceso, el PC calculaba el cese de 300 activistas. La prensa de estos partidos denunciaba que la junta electoral del sindicato, controlada por la vieja dirigencia, había filtrado información a los sanatorios sobre estos opositores.32

En suma, las organizaciones de izquierda avanzaron posiciones con la constitución de frentes heterogéneos. El crecimiento en la estructura gremial reflejaba, de alguna forma, las demandas de un sector del movimiento obrero que, en muchos casos, encabezó las principales luchas de este período. Como expondremos en el siguiente apartado, este rico proceso conllevó la emergencia de prácticas que colisionaron con los objetivos del empresariado y el Estado luego de la reapertura democrática. A su vez, esta dinámica impactó en el devenir de las izquierdas en el mundo del trabajo.

La participación de las izquierdas en la conflictividad laboral y su impacto en la cultura obrera durante la “primavera democrática”

El punto más álgido de los enfrentamientos laborales en la década se desarrolló entre finales de 1983 y mediados de 1985 en una coyuntura que combinó altos niveles de inflación y despidos en algunas áreas industriales con los anhelos de una mejora en las condiciones de vida con el advenimiento del régimen democrático.33 Como parte de esta dinámica, en los recintos de trabajo se efectuaron una gran cantidad de asambleas y surgieron nuevos representantes gremiales. Estas prácticas formaban parte de una cultura emergente (Williams, 2009) que limitó el consenso dominante en torno al régimen constitucional, ya que ampliaban el sentido de la democracia que se buscaba imponer “desde arriba” luego del derrumbamiento del “Proceso”.

Una cuestión similar puede señalarse con respecto a algunos de los repertorios de protesta tradicionales utilizados asiduamente en esta coyuntura. Las ollas populares y las ocupaciones de establecimientos contenían expresiones que de forma contradictoria podían poner en cuestión o legitimar algunos de los sentidos dominantes. Las ollas evidenciaban la porosidad de la frontera entre el adentro y el afuera.34 Para los obreros en conflicto, cumplían una doble función: en primer lugar, les permitía controlar los movimientos que se realizaban dentro de la empresa, en caso, por ejemplo, de que la patronal intentase un vaciamiento de la planta. En segundo término, les resultaba útil para buscar apoyos externos. El acercamiento y colaboración de vecinos, obreros de empresas aledañas, de organizaciones políticas y sociales en este tipo de acciones nos muestra los altos niveles solidaridad existente en la clase obrera. Si bien estas prácticas no parecían afectar directamente al gobierno nacional, e incluso en algunos casos se acercaban militantes y dirigentes radicales a llevar apoyo a las ollas populares, la visibilización de la protesta contra despidos era un duro golpe para el consenso que buscaba consolidar el alfonsinismo a partir de su lema “con la democracia se come…”.

Las tensiones fueron mayores con respecto a las tomas de unidades laborales tanto con respecto a los rechazos esbozados por funcionarios políticos y empresarios, como en relación a la reacción de diversos sectores de la clase obrera. Esto último puede observarse, por ejemplo, durante la ola de ocupaciones ocurridas entre mayo y agosto de 1985.35 Gran parte de los colectivos en lucha resaltaban que las llevaban a cabo de forma pacífica para evitar una condena de diferentes capas sociales. En la amplia mayoría de estos casos, fue descartada la toma de rehenes y la producción bajo control obrero, otros elementos radicales del pasado reciente que, en la etapa constitucional, estaban demonizados. La puesta en marcha de la fábrica por los obreros solamente fue efectuada durante los pleitos de Ford, la metalúrgica Arthur Martin y la fábrica de caramelos Mu Mu. Mientras que en la automotriz, además, no se permitió, durante el primer día de la ocupación, que el personal jerárquico y administrativo pudiera salir del establecimiento. Sin embargo, no hubo apoyo a esta práctica por el resto de los operarios. Por esta razón y ante la denuncia del Poder Judicial,36 la comisión interna permitió la salida de quienes estaban retenidos contra su voluntad.37

Los discursos y prácticas que idealizaban el régimen democrático incidían en las formas que adquiría la lucha de la clase trabajadora. Uno de sus principales pilares era la “teoría de los dos demonios”, la cual circulaba en diversos lugares de trabajo. La capacidad de resistencia se vio mellada por la reproducción de la demonización tanto de la intervención de las izquierdas como de herramientas de lucha de las décadas previas. Por ejemplo, encontramos que en los conflictos de la alimenticia Terrabusi (planta de Barracas) y en la curtiembre CIDEC (Morón) a principios de 1984, tanto los activistas que dirigían el conflicto como el resto de los obreros de esos establecimientos rechazaban la intervención de integrantes del MAS que se acercaron a solidarse con ellos. Consideraban que los militantes iban a hacer “política” y podían perjudicarlos.38 Una cuestión similar fue manifestada en una asamblea en el Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos (CUPED). Algunos de los participantes dudaban sobre acatar un paro por miedo a debilitar al gobierno de Alfonsín y de “volver a la época de los setenta con Montoneros y todo eso”.39 Podemos deducir que el “apoliticismo” o el miedo y el rechazo a la “extrema izquierda” eran una consecuencia directa del disciplinamiento realizado por el Estado, las conducciones gremiales y los sectores empresariales sobre la clase obrera en la última mitad de los años 70.

Las corrientes izquierdistas aparecían representadas por fuera del orden constitucional. Sin embargo, la resignificación de estos valores democráticos que circulaban en una coyuntura de alta conflictividad llevaba a que, al mismo tiempo y de forma contradictoria, estos partidos fueran parte de una cultura emergente a partir de su interacción con diversos sectores del movimiento obrero. Esto se puede observar desde diferentes prismas. Un primer aspecto consistió en su intento de incidir en los enfrentamientos laborales desde adentro y desde afuera de los establecimientos. Esto último no estaba exento de posibles rechazos como mencionamos en los casos de CIDEC y Terrabusi.40 No obstante, más allá de las tensiones que podían darse entre activistas y obreros sin militancia, existía un diálogo en el cual se ponían en juego experiencias de organización y lucha del pasado que, a su vez, se retroalimentaban y resignificaban con las memorias colectivas de diversos colectivos obreros.

Una segunda arista en la que mostró la interacción entre izquierdas y organizaciones de base fue la presencia de su militancia en las ollas populares. De esta forma, las organizaciones izquierdistas buscaron ahondar la solidaridad de otros colectivos obreros y de vecinos de las barriadas fabriles con los damnificados. La función de los militantes desde adentro y desde afuera de las unidades de labor nos muestra la importancia de los lazos que anudaban a la fábrica con el barrio y las familias obreras. Esta articulación sería de importancia en los años venideros con la profundización de la crisis económica.

Otro aspecto a tener en cuenta fue la incidencia de estas organizaciones en las ocupaciones de establecimientos desarrollada en este período. En estos casos, los partidos buscaban combatir los sentidos comunes que se estaban conformando en el albor del régimen democrático. Por ejemplo, el PO llamaba a tomar aquellas empresas que cerraran o despidieran trabajadores. Durante el conflicto en la planta de Morón de la papelera Schcolnik en mayo de 1985, la organización trotskista recomendaba a “los activistas más conscientes” que tenían “que discutir la ocupación de la fábrica”, medida que haría “fortalecer enormemente el espíritu de lucha de la gente y la labor de solidaridad de todos los trabajadores de la zona”.41

En el caso de Ford, fue la agrupación del PCR la que tuvo mayor protagonismo en este pleito ya que dirigía la comisión interna que encabezó la ocupación.42 El partido maoísta intentó replicar experiencias de lucha del pasado, como la toma del frigorífico porteño Lisandro de la Torre de 1959 y la de la fábrica automotriz cordobesa Perdriel de 1970.43 En esta última, la corriente había tenido un destacado papel. Es decir, tomando como referencia el concepto de tradición de Hobsbawm (1983), la toma de Perdriel funcionaba como una referencia del pasado que servía para dar respuestas a problemáticas nodales de la coyuntura. Sin embargo, como ya mencionamos, no había consenso para reproducir algunas de las características de las ocupaciones de la década de 1970 como la toma de rehenes. Por lo tanto, el PCR buscaba reeditar experiencias previas pero, al mismo tiempo, la relación de fuerzas de comienzos de los 80 filtraba algunos elementos que se habían transformado en residuales.

Por último, al realizar un balance de la conflictividad obrera de los primeros años del orden democrático, debemos especificar que el Movimiento Al Socialismo pudo distinguirse de los otros partidos por su táctica para afrontar diferentes disputas e interpelar a sectores de la clase obrera que reproducían y, a la vez, readaptaban los consensos democráticos de la época. En primer lugar, como una deriva de la tradición trotskista, le dio centralidad a la consigna de que fuesen las bases las que decidieran a través de la realización de asambleas. Es decir, que la democracia directa fuese la herramienta central para combatir tanto al gobierno que se asumía como representante de los valores democráticos, como a la dirigencia sindical, la cual utilizaba métodos verticales y autoritarios en pos de sus intereses particulares. En segundo lugar, el MAS se propuso ser protagonista en la gestión de la solidaridad hacia los establecimientos en lucha. Con o sin militancia en esos lugares de labor, buscaba facilitar la colaboración de vecinos, organizaciones sociales y políticas y obreros de otros recintos fabriles. En el interior de esta corriente, la ejecución de esta táctica con relativo éxito durante la huelga en el frigorífico CEPA, entre abril y mayo de 1984, funcionaría como paradigma a imitar en los siguientes años.44

De esta forma, la organización morenista logró incrementar sus contactos con diferentes colectivos de trabajadores y, también, su número de integrantes y simpatizantes. A comienzos de 1986, el diario La Nación advertía que “en los últimos años se comprobó en la Argentina un afianzamiento relativo de los trotskistas en las organizaciones sindicales de base”.45 Mientras que el PC sufriría los cimbronazos de su XVI Congreso partidario (Casola, 2015), el MAS se consolidaría, en gran medida, por el desarrollo de esta línea partidaria que empatizaba con estos valores y discursos que circulaban en la clase obrera.

A modo de cierre

En las páginas de este artículo expusimos sobre las características de la dinámica de los partidos de izquierda en el movimiento obrero en los inicios de la “transición democrática”. A excepción del PC, la implantación de las corrientes marxistas en los recintos de trabajo se encontraba debilitada en las postrimerías de la última dictadura como consecuencia de la represión estatal y paraestatal de los años previos. En los establecimientos fabriles, por lo general, tenían una presencia militante o participaban de la conflictividad laboral de forma externa. Esto último implicaba un acercamiento a los colectivos en lucha desde los locales partidarios, para intentar tejer lazos de solidaridad entre los lugares de trabajo y las áreas de reproducción social.

La profundización del proceso de normalización gremial abrió nuevas posibilidades. La intervención en las elecciones de cargos sindicales y de organismos de base permitió a los partidos aumentar, de forma desigual, su incidencia en el movimiento obrero. Principalmente, a partir de 1984, encontramos una influencia compartida de las izquierdas con otras fuerzas políticas (por lo general, con diversas agrupaciones peronistas), a partir de la táctica de integrar frentes electorales.

Este avance estuvo complementado con la participación de las organizaciones izquierdistas en la conflictividad del período. Desde sus tradiciones y sus lineamientos tácticos, las corrientes buscaron incidir en los colectivos en lucha desde afuera y desde adentro de los recintos de labor. A partir de esta interacción, las izquierdas fueron parte de la cultura emergente que, de forma contradictoria, resignificaba elementos dominantes vinculados a los consensos del orden constitucional, al mismo tiempo que tensionaba sus límites en un contexto de marcado enfrentamiento entre capital y trabajo. Durante las principales confrontaciones posteriores a la llegada de Alfonsín al gobierno nacional, los partidos de orientación marxista intentaron, con menor o mayor eficacia, combatir el sentido común del régimen democrático que deslegitimaba el repertorio de confrontación de la clase obrera en sus lugares de trabajo. Asimismo, estas organizaciones debieron resignificar su tradición combativa debido a los consensos que circulaban entre los trabajadores. El PCR no pudo reproducir el modelo de ocupación fabril de comienzos de los años 70 que reivindicaba, mientras que el MAS logró sintonizar con un sector de las bases que impulsaba prácticas de democracia directa. Por su parte, el PC se vio tensionado internamente por su apoyo a un sector de la dirigencia sindical peronista que atacaba a colectivos en lucha (como en el caso de Volkswagen Monte Chingolo o Ford). Probablemente, ello, en parte, influiría en su “viraje revolucionario” realizado a partir del congreso partidario de 1986.

En conclusión, el epílogo del “Proceso” y el inicio del orden constitucional fue un período de intensificación de las disputas laborales en los cuales, como demostramos, las izquierdas tuvieron incidencia. Como telón de fondo, la crisis económica que provocaba una baja en los ingresos salariales y despidos en diversas áreas planteaba un desafío de importancia para todas las organizaciones marxistas. Las posibilidades de profundizar su inserción en el movimiento obrero dependerían de su capacidad de conformar una dirección alternativa a los nucleamientos peronistas tradicionales que pudiera poner freno a la embestida del capital. Difícil misión en un mundo que comenzaba a girar al revés de sus perspectivas.

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