“Democrático y nacional”: los posicionamientos del Partido Comunista de la Argentina en la coyuntura transicional (1981-1983)

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Victoria Bona

ORCID: 0000-0003-4608-3270
Universidad Nacional de Rosario - Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social -
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Rosario, Argentina
vickibonahistoria@gmail.com

Resumen: Este artículo recoge los posicionamientos mediante los cuales el Partido Comunista de la Argentina comenzó a desandar la política de convergencia cívico-militar cuando la última dictadura atravesaba un momento crítico. En estas páginas se sostiene que, en el marco de la línea de Convenio Nacional Democrático, el PCA pujó por ser reconocido como un actor de peso en el concierto de los partidos políticos burgueses, lo cual orientó su línea política. La propuesta de este trabajo es indagar desde una mirada cupular las modulaciones en el discurso público y explorar las tentativas fallidas de ingresar a la Multipartidaria.

Palabras clave: Partido Comunista de la Argentina – Transición democrática – Convergencia cívico-militar – Multipartidaria

Abstract: The article gathers the positions through which the Communist Party of Argentina began to retrace the call to the civil-military convergence when the last dictatorship evidenced a political and social crisis. It argues that, within the framework of the policy of the National Democratic Agreement, the Party strove to be recognized as an important actor in the concert of bourgeois political parties, which decided its political line. The proposal of this work is to investigate from a leaderschip’s point of view the modulations in the public discourse and to explore the failed attempts to join the Multipartidaria.

Keywords: Communist Party of Argentina – Democratic Transition – Civic-military Convergence – Multipartidaria

Recepción: 3 de enero de 2024. Aceptación: 20 de febrero de 2024

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Introducción

Hacia 1981, con la asunción de Roberto Eduardo Viola al frente del gobierno dictatorial, se profundizó una etapa de relativa y paulatina apertura política (Águila, 2023), en la que los partidos tradicionales se reorganizaron interna y programáticamente con miras a la recuperación de la institucionalidad democrática. Si bien este momento fue relativamente efímero e intentó ser liquidado por el gobierno de Leopoldo Galtieri a finales del mismo año, la movilización social en ascenso marcó un punto de quiebre en la historia de la dictadura que ha sido interpretado como inicio de la denominada transición.1

Este artículo reconstruye las posiciones que el Partido Comunista de la Argentina (PCA) asumió ante ese contexto con el objetivo de conformar lo que genéricamente denominó como “un proyecto unitario”. Sostengo que, si bien en el plano formal no se dio sentencia de muerte a la propuesta de convergencia cívico-militar, esa línea política adoptó modulaciones diferentes en el contexto de la apertura que supuso la presidencia de Viola (a la que el PCA consideró como “más política”) y el desprestigio en ascenso de las Fuerzas Armadas (FFAA) por las violaciones a los derechos humanos. El paulatino abandono del actor militar como interlocutor implicó en los primeros 80 un desplazamiento no explicitado. Además de los cambios que a nivel de la política nacional condicionaron esas mutaciones de la línea partidaria, se dieron cambios en el interior del PCA que se expresaron en el recambio de la dirección y la edición de un nuevo órgano de prensa, ambas con una impronta diferente a su referente inmediatamente anterior. En esa línea, este artículo busca explicar cómo el ingreso a la Multipartidaria se convirtió en un objetivo clave para el comunismo en tanto permitió hacer converger su tradición política y sus preocupaciones coyunturales más inmediatas.

La transición y los cambios al interior del PCA

En febrero de 1981 el PCA ponía en marcha un nuevo periódico: Qué Pasa. Unas semanas antes, a través del decreto nº 184/81, en nombre del orden y la seguridad pública, la dictadura había prohibido Informe, la prensa comunista que se había editado desde 1978. Durante los años del terrorismo de Estado, si bien el comunismo logró dar continuidad a la publicación de un órgano de prensa, sufrió diferentes atentados. Entre otras bajas, a la prohibición de Informe en 1981 se sumaban el asesinato de Román Mentaberry, su redactor, el 28 de noviembre de 1979 y la voladura de los talleres COGTAL donde se imprimían el semanario y otras publicaciones.

La prohibición de la prensa disponía que la Policía Federal debía garantizar el cese de su circulación, venta y distribución e indicaba el secuestro de los ejemplares impresos. Según el boletín oficial, la prensa realizaba interpretaciones

a la luz de la ideología marxista; interpretaciones cuya difusión sistemática está destinada a promover la disociación y la lucha de clases y generar en los sectores sindicales y juveniles polarizaciones ideológicas de consecuencias conocidas en el pasado reciente, de todo punto de vista negativas para el orden y la seguridad públicos.2

Con su último aliento, la presidencia de Jorge Rafael Videla, que el mes siguiente entregaría el poder a Viola, prohibía la prensa comunista. Luego de tres años de publicación, la censura se enmarca en una represión dispar que el PCA sufrió durante la última dictadura militar: es a la vez corolario de los ataques y amenazas a la imprenta y la redacción en 1979, pero antesala de atentados que los locales y dirigentes sufrieron en 1981 y 1982 durante la crisis dictatorial. La acusación de ser un partido marxista que promovía (sic) la lucha de clases entre los trabajadores y los jóvenes, la presentación del PCA como organización peligrosa, invitan a reflexionar en torno a los alcances y sentidos de la estrategia de convergencia que el mismo llevaba adelante.

Si bien es cierto que el PCA sostuvo una crítica pública a algunos aspectos de la dictadura, durante esos años alentó la conformación de un gobierno que integre a aquellos militares que, según entendía, tenían “vocación democrática”. El fundamento del partido era que la política en Argentina estaba condicionada por las FFAA y que, en tanto factor de poder, debían integrarlas a un proyecto democrático. En ese sentido, llevó adelante un programa de convergencia que, tal como ha demostrado Natalia Casola (2015), estaba condicionado por una estrategia de largo aliento y se fundaba en la línea del Frente Democrático Nacional (Camarero, 2014).

A lo largo de su historia, el PCA tenía dos preocupaciones centrales: por un lado, su estrategia apuntaba a la construcción de un frente que agrupara a diferentes sectores de clases y actores políticos de distinto signo para la defensa y consolidación de un régimen democrático estable. Fiel a la concepción etapista, la organización sostenía que el desarrollo político democrático garantizaría mejores condiciones para la lucha por el socialismo. Por otro lado, pero con el mismo objetivo, el partido estuvo ciertamente preocupado por las tensiones y posiciones de las FFAA en los diferentes escenarios políticos. Las expectativas sobre esa posibilidad llevaron a la temprana formulación de la línea de convergencia cívico-militar que persistió hasta el final de la última dictadura y que tenía como principal objetivo garantizar el normal funcionamiento de la institucionalidad democrático-burguesa.

Esas posiciones habían implicado el sostenimiento de una expectativa en pos de una democracia construida en base a la integración de los militares en el gobierno del país. El PCA consideraba que el enemigo principal era el imperialismo y que para enfrentarlo debían buscarse fuerzas de convergencia en la sociedad que fueran “nacionales” y con caracterizaciones ambiguas reconocía sectores “moderados” dentro de las FFAA que muy pocas veces podía identificar claramente. Durante la última dictadura, la persistencia de esos análisis condujo al partido a caracterizar al gobierno como heterogéneo e integrado por sectores moderados con los que era posible contar para la conformación de un gobierno democrático. Tal como en el caso de otros partidos políticos (aún algunos de izquierda), esto no implicó un acuerdo con la dictadura: el PCA criticó insistentemente su proyecto económico, cuestionó la represión y la censura, y ubicó a la forma del régimen de gobierno en las antípodas de su programa “democrático y nacional”.

Según Casola, ha habido fundamentalmente tres explicaciones historiográficas en torno a la política que tuvo el PCA frente al gobierno militar: una que entiende que la organización apoyó la dictadura y lo explica como consecuencia de las relaciones del gobierno militar con la Unión Soviética y el peso de la potencia socialista sobre las decisiones del PCA. Esta interpretación ha sido matizada por Casola a partir de una profundización del análisis de Isidoro Gilbert (1994), quien demostró un importante grado de autonomía en la política y una relativa independencia económica del partido en Argentina respecto del soviético. Por lo demás, las duras y sistemáticas críticas que el PCA ha sostenido durante todo el período dictatorial a la política económica de la dictadura serían contradictorias con la explicación de apoyo por presión externa. La explicación que proponen Casola y Daniel Campione es que una vieja política de Frente Democrático Nacional (preocupada por los movimientos de las FFAA y la construcción de un frente que los convocara) se sostuvo durante la dictadura y constituyó el basamento lógico, teórico y político del llamado a la convergencia. La tercera interpretación, emergente desde el propio partido, sostiene que la posición del PCA no constituye un apoyo a la dictadura, sino más bien una política de supervivencia combinada con una lectura equivocada respecto de los alcances de la represión que había influido en los posicionamientos también de otros partidos de izquierda. Esta explicación se enmarca en una autocrítica que realizaron los militantes del PCA que comenzó en los años 80 y
subraya el rol del partido en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura y la represión estatal y paraestatal a sus militantes.

Aquí se interpreta que, si bien el partido se había pronunciado a favor de la convergencia cívico-militar y había sostenido que era necesario diferenciar al ala “democrática” del ala “pinochetista” dentro de las FFAA, durante la dictadura sostuvo una denuncia a la suspensión de las garantías constitucionales. Asimismo, exigió el levantamiento del Estado de Sitio, demandó por las personas represaliadas, acompañó y alentó la conformación de organismos de derechos humanos mediante la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Scocco, 2021; Casola 2010) y cuestionó sistemáticamente y en profundidad la política económica. Además, comprendemos que un importante abanico de actores de la sociedad civil –inclusive los partidos políticos de izquierda– no habían podido dimensionar la magnitud del terror y elaboraron distintas posiciones en base a diagnósticos limitados, rechazo a diferentes formas que había asumido la lucha armada al momento del golpe y en la coyuntura anterior y estrategias de supervivencia para sus estructuras (Casola, 2015, p. 86; Moretti, 2015).

Desde el año 1981, las posiciones respecto de la necesidad de un cambio político de fondo fueron tomando un lugar no novedoso, pero sí más protagónico, en la línea del PCA y colocó a la organización en un lugar de abierta oposición al régimen. Las críticas al gobierno eran de largo aliento, pero hasta entonces estas no necesariamente asumían una posición rupturista. Esto no supuso un cambio de perspectiva respecto de la existencia de sectores supuestamente democráticos dentro de las FFAA pero sí un énfasis sobre la necesidad de una democratización “verdadera”3 con la que el PCA inauguraba el primer número de Qué Pasa. Esa idea, que se sostuvo durante los tres años que la dictadura tuvo por delante, se fue robusteciendo en la medida en que la movilización social y la organización política de oposición avanzaban. La nueva prensa se inauguró exigiendo

que se restaure el ejercicio de las libertades esenciales del ciudadano, levantando el estado de sitio, resolviendo el grave problema de los presos y los desaparecidos y poniendo fin a la veda política y a las trabas que dificultan la plena [texto ilegible] del movimiento sindical y la actividad de las organizaciones populares.4

En esa línea, y sosteniendo su preocupación por la crisis económica y financiera, el partido bregó por lo que consideraba una urgente democratización como salida política que solucionara los problemas del país. Con fidelidad a una larga tradición frentista que había condicionado posiciones reformistas, colocó a la “unidad” como vehículo para alcanzar la democracia (Camarero, 2014).

Qué Pasa marcó una nueva época en la que el PCA experimentó de manera conjunta con buena parte de la sociedad un vuelco hacia la oposición abierta al régimen a partir del gobierno de Viola, signado por la crisis militar y el alza de la movilización popular. El cambio de gobierno daba cuenta de la crisis política que marcaría el comienzo del fin de la dictadura, pero a aquellas causas explicativas se suman la muerte de Gerónimo Arnedo Álvarez5 en junio de 1980 y la consecuente asunción de Athos Fava como Secretario General de la organización, recambio novedoso tras largos años de fosilización de la dirección. Esto significó un cambio importante en la vida de un partido que se caracterizaba por sus vetustas direcciones. Quizás no se trataba tanto de la relevancia de las figuras en particular, pero sí era un factor relevante para una cultura política con base orgánica leninista, articulada en una estructura piramidal y centralista que para los años 80 se encontraba significativamente fosilizada e inalterable en sus conducciones. Si bien el acenso de Fava a Secretario General expresaba una continuidad política y orgánica, y así se manifestó en los documentos partidarios, el secretario a reemplazar había sido miembro de la dirección del PCA durante más de cuarenta años y su máxima autoridad en dos períodos con los que sumaba alrededor de veinticinco años en esa posición. Por su parte, Fava pertenecía a otra generación y es a partir de su asunción como más alto dirigente del partido que los pronunciamientos políticos tomaron distancia respecto de la política de convergencia. Aunque en el momento que asumía como principal figura del secretariado llevaba quince años como integrante del Comité Central y durante los años de la transición se alineó con la tradicional política sin provocar grandes cimbronazos, era un cuadro joven, una figura presumiblemente renovadora que no había sido contemporáneo a Vittorio Codovilla y que asumía la secretaría general rodeado de cuadros de larga trayectoria como Oscar Arévalo, Alcira de la Peña, Rodolfo Ghioldi, Fernando Nadra, Rubens Íscaro y Fanny Edelman, entre otros y otras que estaban asociados a aquella línea.

El Convenio Nacional Democrático y la búsqueda de la unidad

La política de promover un Convenio Democrático Nacional no era nueva y acompañaba a la de convergencia cívico-militar, sin embargo su hegemonía en los discursos lograba subsumir y desplazar a las FFAA como actor central. En ese sentido, supuso un desplazamiento discursivo que se iba poniendo a tono con la forma que asumían las crecientes demandas por la apertura democrática. En esencia, era una táctica que se mantenía expectante de conformar una convergencia política que pudiera garantizar la transición del régimen dictatorial al democrático. Lo fundamental era que ponía el acento en la necesidad de que el convenio esté integrado y dirigido por representantes del movimiento obrero, los partidos políticos y otras organizaciones, y que insistió con cada vez menos fuerza en que los sectores supuestamente democráticos o moderados de las FFAA conformaran un polo de poder que contrapesara la amenaza de un sector militar que no toleraría la transición.

Para principios de 1981, el PCA consideró que la sociedad estaba dispuesta a una mayor injerencia en los asuntos políticos, tal como lo demostraba un aumento en la movilización de masas, la actividad sindical, las posiciones de instituciones como los partidos políticos, la Iglesia y los empresarios. La presencia callejera cada vez más evidente de diferentes actores llevó a la dirección a postular que era imperante organizar a las fuerzas con “espíritu democrático” y, fiel a su trayectoria, sostenía que las demandas por las libertades políticas y un viraje en la economía no podían ser satisfechas por un partido o grupo y que debía abrirse paso a la unidad programática para “definir cursos de acción que abran las compuertas de la democracia”.6

El PCA sostenía, por un lado, que la crisis económica, el autoritarismo, la ausencia de derechos democráticos, la existencia de presos y presas sin causa, de personas desaparecidas, la veda política y las medidas contra el movimiento sindical eran problemas que estaban articulados en un elemento común: la insistencia de la dictadura de “gobernar indefinidamente con el estado de sitio y en postergar, también indefinidamente, toda consulta al pueblo”.7 Sobre ese punto, interpretaron que en la mayoría de los casos, la exigencia de la normalización del estado de derecho y la crítica a la política económica de la dictadura constituían puntos de acuerdo con las fuerzas sociales más activas. Según el PCA, estas eran fundamentalmente los familiares de represaliados nucleados en organismos por la defensa de los derechos humanos, los jóvenes, las mujeres y el movimiento obrero.

El ascenso del descontento y la disponibilidad de las fuerzas sociales para enfrentar la dictadura resultaban evidentes para el partido tras las manifestaciones de comienzos de 1981. En resumidas cuentas, la organización, que participó activamente de aquellas jornadas, sostenía que habían conmovido a todos los ámbitos de la sociedad porque lo que estaba en el centro de la escena eran dos cuestiones sustanciales: la institucionalidad democrática y el programa económico.

Los actores que el PCA consideró como promotores de esas trasformaciones fueron aquellos que se encontraban organizados en función de demandas específicas que pudieran actuar en los respectivos frentes de masas. Los que revistieron de mayor importancia fueron el movimiento obrero y sus instancias de organización; la juventud, fundamentalmente por las acciones en pos de la reconstrucción del movimiento estudiantil; las mujeres, que habían demostrado mediante la conformación del Nucleamiento de Mujeres Políticas su potencialidad y eran reconocidas por el comunismo por “la labor de miles [de ellas] en la lucha por sus reivindicaciones específicas, los derechos de la niñez y la solución democrática de los grandes problemas nacionales”.8 Además, el partido reconoció una numerosa cantidad de acciones y pronunciamientos por los “derechos ciudadanos y por la libertad de los presos y el esclarecimiento del problema de los desaparecidos”,9 tema de histórica afinidad. Los comunistas apuntaron entonces a la coordinación de esas manifestaciones y la articulación “de los mecanismos de conducción del movimiento sindical”,10 de los jóvenes, las mujeres, por la apertura y el viraje económico como tareas más urgentes.

¿Qué había pasado con los militares en el discurso de la nueva dirección? Sin lugar a dudas no habían desaparecido, pero se evidenciaba que ya no serían uno de los polos dominantes del convenio, aunque la democracia a conquistar traía consigo la pregunta sobre qué hacer con las FFAA. Para entonces, el Comité Central y su nuevo secretario insistían en la existencia de un estado deliberativo en el gobierno y al interior de las armas y, por lo tanto, una puja entre distintos sectores. Si bien ese diagnóstico tenía algún asidero en la realidad y la apertura signó la interna en las FFAA (Canelo, 2015) y sucesivos cambios de gobierno, resulta sumamente dificultoso reconocer sectores democráticos allí. Sobre este punto es importante subrayar que, mientras el partido sostuvo la idea de que el “polo civil” o el “polo militar” por sí solos no solucionarían los problemas económicos, sociales y políticos que la dictadura había provocado, la idea de la convergencia rechazaba que las FFAA fueran un actor condicionante de la política. Lo que ponían en cuestión era su rol de árbitro y consideraban su integración como la estrategia garante de la democracia y la estabilidad.

A nivel nacional, el escenario crítico, según la visión del comunismo, era solo posible de ser transformado con una movilización unitaria y coordinada. Esa unidad tenía su basamento en que la transición democrática para el PCA requería de “elaborar en común la propuesta política válida para la apertura”,11 centrada en el polo civil cuya garantía era la unidad y la activa participación del movimiento sindical y los trabajadores organizados.

Haciendo una lectura de la frustrada transición de los años 70, el PCA señaló públicamente que la democracia había fracasado entonces por la falta de una acción unitaria contra “la campaña de los grupos reaccionarios”12 y que la endeble democracia anterior no había logrado una amplia acción de masas, no se había creado “un centro coordinador general” y, por lo tanto, no se había logrado “dar al movimiento una dirección adecuada”.13 En esa clave, consideraba que el golpe de 1976 no constituía una sorpresa y sopesaba esa experiencia en función de cómo debía pensarse la salida hacia la democracia. La dirección del partido entendía la coyuntura transicional como pasaje y, por ello, en los primeros años 80 se preocupó, más que por prefigurar la democracia, por buscar alternativas de coyuntura que permitieran transitar de una forma de gobierno a otra. Esa forma de transitar debió enfrentarse al promediar 1981 a lo que señaló como una “situación de vacío de poder” (ibídem, p. 14) en el polo militar. Respecto de la situación del polo civil indicaba que

lo mejor del activo del movimiento obrero y de los movimientos democráticos, reivindicativos y culturales del pueblo –decenas de miles– fue duramente golpeado por medidas discriminatorias y despidos masivos, la cárcel, la tortura y el asesinato, o en parte, empujado al exilio. (Ibídem, p. 14)

Esa grave situación no había impedido lo que para el PCA era una coyuntura en la que la movilización de masas estaba haciendo naufragar a la dictadura enfrentándose fundamentalmente en la cuestión política (las libertades democráticas) y el programa económico:

Sin embargo, el grave deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo, el desconocimiento de las libertades esenciales y el retroceso visible del país a raíz de la agresión de las corporaciones imperialistas, fueron repudiados cada vez más abiertamente. El pueblo fue recobrando la iniciativa, concretando las protestas y las acciones con métodos cada vez más acertados, condenando el terrorismo económico y político y exigiendo el fin de las prohibiciones, el cese de la represión, el esclarecimiento de los interrogantes vinculados con los presos (no sometidos a proceso o juzgados por mecanismos no previstos en la Constitución Nacional) y la angustiosa y constante preocupación por los desaparecidos. (Ibídem, p. 14)

En el mismo sentido, debe decirse que si bien el PCA se mantuvo distante y severamente crítico de las izquierdas armadas a las cuales –aún en estos años, cuando ya se encontraban desarticuladas– acusó de terroristas, criticó en modo particular el terror de Estado y se mantuvo en franca oposición respecto de los imaginarios sobre una guerra que legitimara la represión militar en el fuero interno que sostuvieron los sectores reaccionarios, como por ejemplo Albano Harguindeguy, quien según criticaba el PCA

reiteró conceptos relacionados con la supuesta justificación que para la perpetración de los llamados “excesos” brindó un “cuadro de guerra”. Debe reiterarse sin embargo que en la Argentina, no hubo una guerra, ni siquiera una guerra civil, sino un desenfreno terrorista de ambos signos donde la represión se orientó en una sola dirección.14

Estas modulaciones de la línea política de convergencia, nos llevan a afirmar que durante la transición –siguiendo una vieja tradición reformista– la colectividad se preocupó por la estabilidad más de lo que pensaba en un horizonte revolucionario. Nuestro punto de vista es que, si bien esta es una estrategia ciertamente sesgada, si los intereses que se persiguen son los de las transformaciones sociales en beneficio de la clase trabajadora, no puede homologarse la convergencia con el apoyo al régimen. Esto quiere decir que, según entendemos, esa línea persigue la conformación de un régimen democrático estable, diametralmente opuesto al del cercenamiento de las libertades y garantías que perpetraba la dictadura militar. El PCA, al mismo tiempo que intentó conquistar sectores supuestamente “democráticos” de las FFAA, mantuvo una línea crítica que desde los años 80 se esgrimía así:

no cabe siquiera admitir le persistencia de una presunta situación de guerra interna, que las propias autoridades se encargan de proclamar que han erradicado triunfalmente. Discutible desde el doble punto de vista jurídico y político, ese concepto no puede justificar la restricción a las libertades públicas, el mantenimiento de presos sin causa ni proceso, la prohibición de la vida partidaria y el cercenamiento de la actividad sindical.15

En definitiva, el partido leyó la coyuntura abierta con el nuevo gobierno como una ventana de oportunidad para una acción política que le permitiera ser un actor de peso en la configuración de la fraguada democracia. Ya en junio de 1981, Fava señalaba que por esa democracia, así como por el socialismo y por el partido, las y los militantes habían ofrendado su vida.16 La dirección comenzaba a hacer eclipsar dos posiciones divergentes sobre la dictadura y reconocía la necesidad de una apertura democrática limitando a las FFAA. El reacomode discursivo produjo un desplazamiento respecto de cuáles serían los actores convergentes y el llamado al “polo militar” se fue disolviendo en el discurso comunista hasta desaparecer.

El Partido Comunista y la Convocatoria Multipartidaria

La movilización social y política encarnada por los sectores más avanzados del movimiento obrero y los organismos de derechos humanos, en contra de la política económica de la dictadura y exigiendo el esclarecimiento de la situación de las personas desaparecidas,17 fue el trasfondo social de la emergencia de la Convocatoria Multipartidaria Nacional. La misma fue una experiencia política conducida por sectores que hasta muy poco tiempo antes habían sostenido que la recuperación de la institucionalidad democrática dependía de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de encontrar puntos de acuerdo con el gobierno de las FFAA y pactar una transición de convergencia entre civiles y militares. Aún más, la Unión Cívica Radical (UCR), el sector convocante, estaba encabezada por Ricardo Balbín, quien representaba la política dialoguista con la dictadura (Borreli y Raíces, 2019; Ferrari, 2014). Frente a los llamados aperturistas de un régimen en crisis, los partidos políticos tradicionales fueron asumiendo un paulatino cambio de posición que implicó el pasaje de una alternativa de convergencia cívico-militar a una opción de normalización institucional anclada en el polo civil (Velázquez Ramírez, 2015).

En definitiva, la Multipartidaria se conformó como una instancia que nucleó a diferentes expresiones del arco político más tradicional. Fueron integrantes la UCR, el Partido Justicialista (PJ), la Federación Demócrata Cristiana (DC), el Partido Intransigente (PI), el Movimiento Integración y Desarrollo (MID). Sin embargo, el nucleamiento también estableció relaciones con partidos que se consideraron “no convocantes”, pero “adherentes” y con otras organizaciones de la sociedad civil que fueron “visitadas” y “consultadas” para realizar dictámenes sobre diferentes asuntos en torno a la crisis coyuntural.

En junio de 1981, la UCR lanzaba un “llamamiento” mediante el cual, un mes después, se conformaría el 8 de julio de 1981 la Junta Promotora Convocante, un cuerpo de diez varones y tres mujeres representantes de esos partidos que buscaban dirigir el proceso aperturista. Si bien algunos sectores de la izquierda interpretaron a la Multipartidaria como un “balón de oxígeno” para la dictadura (Coggiola, 1986, p. 167), el PCA la consideró una propuesta atractiva cuya limitación estaba en su carácter cerrado a otros partidos y en su reticencia a transmutar a una instancia multisectorial. Por esto, respondió de modo inmediato al llamamiento radical, y frente a la dilación pejotista, sentenciaba que “todas la fuerzas democráticas, patrióticas y progresistas” debían adherir “sin demoras”.18 Si bien el primer llamado convocaba a las fuerzas sociales de modo más general, la Multipartidaria se inauguró circunscripta a los cinco partidos que integraron la Junta Promotora mediante una Reunión Plenaria el 14 julio de 1981.

Emiliano Gambarotta (2017) sostiene que en ese primer documento la forma discursiva que adoptaron no los presentó como una fuerza antidictatorial, pero que sus objetivos resultaban irreconciliables con los del régimen. De este modo, la idea de “reconciliación nacional” junto con la declaración independiente de dar comienzo a la “transición” trazaban un escenario de conflictividad ambigua y solapada. Si bien el autor propone que existía una tensión discursiva entre la búsqueda de polemizar y la intención de evitar la confrontación abierta (p. 641), también es posible interpretar que se trata aún de una oposición a la dictadura que no declinaba la posibilidad de un acuerdo “democrático” con las FFAA.

En cualquier caso, el llamado a la unidad, la pluralidad del sujeto que enunciaba (convocaba) y al que interpelaba, era un atractivo para el comunismo argentino. Durante los meses que siguieron a la primera declaración pública de la Multipartidaria, el PCA se expidió públicamente a favor de la alternativa y realizó un conjunto de críticas “constructivas”; emitió declaraciones remitidas a dirigentes de los demás partidos y a la junta para ser considerado miembro, pero también señalando que creía necesario ampliar la iniciativa hacia otros actores.

Mediante comunicaciones a cargo de Athos Fava o de Fernando Nadra, quien oficiaba de responsable de relaciones políticas, durante 1981 y buena parte de 1982 las interpelaciones del comunismo fueron acompañadas de un carácter celebratorio. No obstante, luego de Malvinas, con la profundización de la crisis, el “reagravamiento represivo”19 y la víspera de las elecciones, el pedido comenzó a enunciarse en un tono acusatorio que demandaba la ampliación de la Multipartidaria mientras señalaba esa apertura como una responsabilidad histórica que condicionaría la forma del régimen constitucional venidero.

Bajo la consigna “la unidad salvará a la democracia y la democracia salvará a la Nación”,20 el PCA interpelaba a la Multipartidaria en sus objetivos básicos. A la vez que celebraba cada uno de los puntos, reparaba en la necesidad de profundizarlos. Por ejemplo, cuando el documento del conglomerado de partidos consideraba que como primer punto debía proponerse el

retorno al estado de derecho mediante la plena vigencia de la Constitución Nacional. Remoción de todas las restricciones que afecten el libre ejercicio de los derechos humanos y las garantías constitucionales.21

los comunistas respondían sobre la necesidad de enunciar allí la exigencia de libertad a las personas presas por razones sociales y políticas y el esclarecimiento de la situación de las personas desaparecidas.22 Por otra parte, cuando la Multipartidaria se refería a los problemas económicos, el comunismo afirmaba estar “completamente de acuerdo”, pero pretendía “analizar mejor” algunas “formulaciones” y proponía su Plan Económico Alternativo sintetizado en el folleto ¿Cómo salir de la crisis?.23

Como se dijo, el señalamiento más sistemático fue el de exhortar a la Multipartidaria para que los integre como miembros. Por un lado, los comunistas consideraban que lo más adecuado con cualquier planteo democrático era la incorporación de todos los partidos en igualdad de condiciones. Por otro lado, sostenían que dicha apertura garantizaría un pluralismo que se contrapusiera más radicalmente a la alternativa aperturista del régimen que pretendía cooptar a algunos sectores para excluir a otros. En ambos sentidos, lo que se jugaba para el PCA era un paso hacia “la libre confrontación democrática” pero “sin macarthismo” (ídem, p. 8), y señalaba que lo planteado por la Multipartidaria “coincide en gran medida con lo que nuestro partido ha llamado Convenio Nacional Democrático y que venimos proponiendo reiteradamente a nuestro pueblo” (ibídem) porque “los comunistas hemos bregado siempre por la unidad amplia y sin exclusiones de las fuerzas políticas y sociales”.24

Entre diciembre de 1981 y marzo de 1982, durante la efímera presidencia de Liendo y la instalación del gobierno de Galtieri que evidenció un retorno de los sectores más duros del ejército (Águila, 2023), ocurrieron dos acontecimientos de gran importancia para las dinámicas políticas y sociales del país porque mostraron un retroceso de la dictadura frente a las demandas por la democratización: la Marcha de la Resistencia del 9 de diciembre de 1981 y la Movilización de la CGT el 30 de marzo de 1982; estos tenían sus antecedentes en las múltiples manifestaciones que llevaron adelante Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura y las movilizaciones cegetistas de los pasados 22 de junio y 7 de noviembre de 1981. Los dos eventos, por su masividad y sus consignas, junto con la crisis posmalvinas, fueron condicionantes de la apertura cuyo límite institucional estuvo marcado por el levantamiento de la veda política de julio de 1982 (Águila, 2023).

La primera Marcha de la Resistencia en Argentina, convocada fundamentalmente por agrupaciones de familiares de personas represaliadas por la dictadura y organismos de derechos humanos, tuvo una adhesión social inédita. Se extendió durante 24 horas y en sus momentos pico convocó hasta unas tres mil personas. Fue reseñada por el PCA como “un viernes para recordar”,25 por las demandas por el esclarecimiento de la verdad sobre la desaparición de personas, la libertad y la justicia.

Una semana antes, el partido había sufrido un golpe represivo importante: tres allanamientos simultáneos a sus locales de la ciudad de Buenos Aires y la detención en manos de la Policía Federal de sesenta y un militantes que quedaron en libertad en el transcurso de una semana. Entre los detenidos y detenidas había dirigentes y figuras como Héctor Agosti, Alcira de la Peña y Fanny Edelman. Ante esos hechos, el PCA consideró que el agotamiento de la dictadura era cada vez más evidente y leyó el golpe a sus militantes y locales y el acenso represivo como manotazo de ahogado del régimen. No obstante, también diagnosticó que esa crisis no iba a producir su caída de manera automática y promovió que resultaba necesario “ver cómo, cuándo y con qué reemplazarlo”.26 Fue en ese sentido que la apelación a la Multipartidaria se ubicó en el centro de las aspiraciones de la dirección comunista. La solidaridad expresada por diferentes partidos, organizaciones defensistas, el Nucleamiento de Mujeres Políticas y otros espacios de inserción dio impulso a reforzar el llamamiento a la unidad.

El 16 de diciembre de 1981 se hizo público el comunicado “Antes de que sea tarde. Llamamiento y propuesta a la Nación”.27 Para el PCA era un programa para incentivar la movilización de las masas populares y consideraba a quienes suscribían a él como los únicos portadores de capacidad política y propósitos claros. Bajo esa lectura y aunque no fueron integrados al conglomerado, sostuvieron que de lo que se trataba era de “convencer a la gente del pueblo que la Multipartidaria propone soluciones capaces de resolver sus problemas y los del país”.28 Asimismo, cuando el 20 enero de 1982 la Multipartidaria lanzó su documento “La paz tiene precio, es el precio de la Constitución Nacional”,29 el PCA lo saludó fervorosamente. Destacó de aquel comunicado la exigencia de apertura, las críticas a la política económica sobre la situación salarial e impositiva, el cuestionamiento a la orientación de la política exterior en colaboración con Washington, la denuncia de la transferencia de recursos nacionales a empresas transnacionales visibles en los proyectos de privatización del subsuelo y el llamamiento a la movilización. Esos posicionamientos, junto con la participación del PCA con el PJ o la UCR en localidades y pueblos donde la Multipartidaria se replicaba pero haciendo partícipes a sectores más amplios o expresiones unitarias femeninas y juveniles, fueron leídos exageradamente como un progreso no solo en pos de una salida política, sino también de una integración del comunismo al concierto de partidos.

Esta orientación se profundizó en marzo de 1982 cuando la CGT convocó a su histórica movilización federal para el día 30: “La Patria convoca al pueblo por el pan, la paz y el trabajo”. Las y los comunistas subrayaron el vínculo de las consignas de la central con las de la Multipartidaria e insistieron en la coordinación conjunta entre ese espacio y el movimiento obrero y reseñaron con énfasis en Qué Pasa y en Aquí y ahora la juventud, la revista de la Federación Juvenil Comunista, las diversas manifestaciones que se estaban desarrollando en el país. Apostaban no solo a incorporarse al espacio político reformista, sino también que este se constituyera en una multisectorial que trascendiera a los partidos.

Con la movilización de las y los trabajadores, el PCA se mostró expectante de que el acto lograra establecer acuerdos de los diferentes sectores: un plan coordinado por distintas fuerzas políticas y sindicales, por un lado y, desde abajo, en los lugares de trabajo mediante las comisiones internas, por otro. Por esto apuntó a que el trabajo de los delegados no cayera en el “administrativismo”,30 sino que se centrara en la organización, la movilización y la coordinación con otras fábricas “instituciones populares, empresarias, políticas, religiosas, campesinas y hasta militares para explicar la actitud obrera y recabar comprensión, solidaridad y adhesiones”.31

De este modo, se esforzó por movilizar fundamentalmente a los y las jóvenes quienes representaban, según la organización, al cincuenta por ciento de la fuerza productiva del país y que sufrían particularmente la flexibilización, la poca capacitación, la dificultad de acceso a la vivienda propia, los despidos, entre otras. El PCA sostuvo que entre la juventud podía ponerse de relieve con mayor facilidad la importancia de la unidad del movimiento obrero en una confederación única por las instancias unitarias que ya había alcanzado con la gestación del Movimiento de Juventudes Políticas. Junto con postular que los jóvenes podían ser el motor de la unidad, la organización enfatizó en la estigmatización por parte del gobierno militar.

Los y las comunistas entendieron que el 30 de marzo había significado un antes y un después en la disposición de las organizaciones y partidos a la movilización de masas. Advirtieron que aquella marcha se había expresado como una batalla ganada a la dictadura, una ruptura del cerco represivo y subsecuentemente la tomaron como ejemplo durante largos meses para que aquella experiencia desembocara en una Jornada Nacional de Protesta, propuesta que sostuvieron insistentemente hasta el llamado a elecciones de 1983.

Según el relato de la propia organización, el ingreso a la Multipartidaria estuvo limitado por excusas que refugiaban el “espíritu discriminatorio [hacia el comunismo]” de algunos dirigentes. En 1984, Fernando Nadra explicaba que “los argumentos que se dieron entonces fueron, entre otros, los siguientes: «despues se incorporarán los comunistas, una vez que la Multipartidaria esté constituída y en marcha»; «eso no impide que luchemos juntos»; «pueden ser adherentes»” (Nadra, 1984).

No obstante, el PCA nunca optó por hacer un cuestionamiento público profundo sobre esa discriminación y por el contrario elogió la existencia de la Multipartidaria y proponer su apertura como una “crítica constructiva”. Además, el comunismo se consideraba impulsor de una estrategia de ese tipo desde tiempo atrás e intentó usar esa carta para conquistar un reconocimiento que no se materializó en una membresía. La política del Comité Central fue muchas veces arrastrada por las posiciones de los partidos que tenía la ilusión de seducir, adoptando un repertorio conservador en aras de no ser marginado de la realpolitik.

Tras el final de la Guerra de Malvinas, el PCA formuló que las condiciones para la transición serían los reajustes en el plano económico y social y que esos cambios serían los que garantizarían una democratización auténtica. Democracia auténtica, verdadera y real fueron algunos de los adjetivos que eligió el partido para referirse a los cambios necesarios en el país. Según la organización, las “recetas imperialistas”32 habían sido responsables de un conjunto de problemas que no podían esperar a la asunción de un nuevo gobierno y que, además, debían ser resueltos para que la transición fuera verdaderamente democrática.

En función de tal diagnóstico, lo real y verdaderamente democrático, según opinaba el partido, sería la masividad de la participación popular, fundamentalmente de las y los trabajadores. Por eso, cuando a mediados de 1982 se suprimieron las limitaciones para la actividad política, la organización se centró en la necesidad de la normalización sindical, el levantamiento del estado de sitio, la derogación de toda la legislación represiva, la libertad a los presos y el esclarecimiento sobre la desaparición de personas y se sumó la soberanía sobre Malvinas. El partido reconocía que aquellas demandas conformaban un programa mínimo que no requería más que validar y dar vigencia a la Constitución Nacional. En pos de esto, la línea política consistió en sostener la lucha por los “urgentes problemas económicos” para garantizar “las condiciones más propicias, abriendo con el voto una estabilidad democrática y progreso”.33

El nuevo escenario hacía tambalear la línea de convergencia y profundizaba la caracterización del Convenio Nacional que se debía construir. Si el PCA interpretaba que había una reacción de algunos grupos militares ante la apertura que hacían peligrar la transición democrática, también sostenía que el consenso político en torno a la apertura significaba un debilitamiento de las FFAA. Según Alberto Nadra,34 la discusión hacia adentro de la dirección y las posiciones de cara a la militancia se tornaron engorrosas en ese aspecto y estuvieron marcadas por un contexto represivo, de un lado, y el creciente antimilitarismo en los sectores militantes, del otro. Resultaba cada vez más difícil la convivencia de las posiciones que acusaban a las FFAA con la línea de convergencia y la integración de este actor al Convenio Nacional Democrático. Los cánticos de la militancia ya habían puesto en una misma bolsa a los “milicos” y ello dificultaba legitimar el reconocimiento de sectores supuestamente más “democráticos”.

El debilitamiento de la línea de convergencia, sin embargo, se alimentaba de los golpes represivos en el contexto de la apertura política. La posición del PCA frente a los casos de Cambiasso y Pereyra Rossi fue una muestra de esa dicotomía.35 Además de pronunciarse por rechazar las declaraciones de la policía que habían sostenido que los asesinatos de los militantes habían sido en realidad producto de un enfrentamiento, extendió su solidaridad al movimiento peronista y a sus familiares y amigos. Para el Comité Provincial Santafesino se confirmaba el hecho de que el aparato represivo se encontraba intacto y la “amenaza golpista” estaba aún latente. Esta versión actualizada de la línea sobre la inminencia pinochetista (esto es, la amenaza de sectores militares que se oponían a la apertura) también responsabilizaba a la Junta Militar de la existencia de un aparato paramilitar y parapolicial. El partido sostuvo que el avance del movimiento popular y democrático nutrido por organizaciones sindicales, juveniles de derechos humanos, femeninas y otras había provocado la reacción de los sectores aliados del imperialismo norteamericano; sin embargo, a la vez consideraba urgente el restablecimiento de las libertades democráticas que permitían la investigación sobre este y otros casos. Su propuesta era que el conjunto de los partidos democráticos mediante sus abogados conformaran un Tribunal de Defensa de la Democracia para romper con el ciclo de golpes y contragolpes que había signado al siglo XX argentino.36

Para el PCA de 1983, la democracia sería un bálsamo frente a “la larga noche militar”37 y la consigna donde las políticas del PCA recogieron sus fundamentos, tanto por la centralidad del nuevo contexto como por la recuperación de una tradición histórica, de una cultura política, que había señalado la profundización de la democracia formal como etapa necesaria para producir cambios estructurales en Argentina y América Latina.

La propuesta de las y los comunistas cuando la apertura convocó a los partidos a las elecciones en 1983 fue la de batallar por construir un acuerdo amplio de las “fuerzas de la democracia”.38 Sostuvieron que el voto debía reflejar la capacidad unitaria con la que las organizaciones desde abajo habían pujado por ponerle fin a la dictadura. Esta lectura, sin embargo, había encontrado serias limitaciones; la poca disponibilidad de la Multipartidaria a recibir al PCA es el mejor ejemplo. Los tiempos que siguen, aquellos de legalidad política y campaña electoral, rebasan la propuesta de este artículo, sin embargo, son plausibles de ser analizados trazando una continuidad latente: el fallido intento de integrarse a los partidos tradicionales en la transición se extenderá en la infructuosa búsqueda de conformar un frente electoral en 1983.

Conclusiones

En estas páginas, indagamos cómo el PCA, con el objetivo de ser reconocido como actor político, tuvo posiciones de confrontación y de complacencia frente al último tramo del gobierno militar (1981-1983). Sostuvimos que esto no implicaba solamente una forma de supervivencia de su estructura y su militancia a la represión dictatorial, sino que el apoyo a la democracia como horizonte fundamental y la lectura de que las FFAA resultaban un polo de poder condicionante de ese horizonte fueron los principales argumentos de sus posiciones frente a la dictadura.

Comprendemos que, a partir del gobierno de Viola y con el cambio de dirección partidaria, la conquista de un Convenio Nacional Democrático significó acentuar el llamamiento a los actores civiles de modo cada vez más exclusivo y limitar el lugar de los militares en su programa. El partido se dio distintas estrategias de convergencia que buscaban construir una unidad programática con partidos burgueses y reformistas que compartieran la preocupación por la recuperación de la legalidad constitucional. Una de ellas fue la insistencia en ingresar a la Multipartidaria. Pese a la exclusión que consumaron los partidos burgueses, su insistencia en ser tenido en cuanta como actor relevante, marcó las estrategias políticas y programáticas del comunismo argentino durante la transición.

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