Los maestros socialistas: en defensa de la escuela laica

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Laura Graciela Rodríguez

Universidad Nacional de La Plata - La Plata, Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
lau.g.rodrig@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9757-5609

Resumen: En este artículo analizaremos los escritos dedicados a la educación del militante socialista y maestro Américo Ghioldi, especialmente los elaborados durante su actuación como diputado nacional en los dos períodos que fue electo: 1932-1944 y 1963-1966. La hipótesis a seguir es que las diversas propuestas que fue presentando el legislador Ghioldi en distintas épocas tenían por objetivo denunciar que la principal amenaza para la escuela laica eran, por un lado, los funcionarios que pretendían incluir contenidos religiosos en la escuela pública y, por el otro, la existencia de establecimientos privados católicos y, por ello, consideraba necesario derogar toda la normativa que se producía para favorecerlos.

Palabras clave: socialismo – maestros – educación – laicidad

Título: Socialist teachers: in defense of the secular school

Abstract: In this article we will analyse the texts dedicated to the education of the socialist militant and teacher Américo Ghioldi, especially those elaborated during his performance as a national deputy in the two periods he was elected: 1932-1944 and 1963-1966. The hypothesis to follow is that the various proposals that the legislator Ghioldi was presenting at different times, had the direct or indirect objective of denouncing that the main threat to the lay school was the Catholic private school and therefore, it was necessary to repeal all the legislation that endorsed it in one way or another.

Keywords: Socialism – Teacher – Education – Laicism

Recepción: 3 de noviembre de 2022. Aceptación: 22 de febrero de 2023

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Introducción

En este artículo estudiaremos las propuestas que hizo Américo Ghioldi referidas a la educación, que eran expresivas de las nociones que tenían otros docentes y militantes que lo acompañaron en distintas instancias. Ghioldi nació en la ciudad de Buenos Aires en 1899 y se recibió de maestro (1917) y profesor (1920) en la Escuela Normal de varones de la Capital Federal –luego llamada “Mariano Acosta”–, establecimiento público donde se formaron varios integrantes de las elites políticas, intelectuales y profesionales de la ciudad. Estaba afiliado al Partido Socialista desde 1917, fue director del periódico La Vanguardia, concejal de la ciudad de Buenos Aires (1925-1930), diputado nacional (1932-1944) y legislador por el Partido Socialista Democrático entre 1963-1966. Estaba casado con Delfina Varela Domínguez, maestra y profesora con una vasta obra escrita en temas de filosofía. Américo tenía además dos hermanos (Rodolfo y Orestes) que eran importantes dirigentes del Partido Comunista.

En 1884 se aprobó la Ley de Educación 1420, que no se pronunció a favor de la laicidad y estableció en su artículo octavo la implementación de la enseñanza religiosa fuera del horario escolar. Tenía incumbencia en la Capital Federal, las Colonias y Territorios Nacionales y, después de 1905, en las escuelas nacionales asentadas en las provincias (las “Láinez”). Más allá de las controversias originadas entre católicos y liberales alrededor de la sanción de la Ley 1420, existe un consenso entre los investigadores de que ambos compartían los mismos círculos de sociabilidad y, en general, no cuestionaron el carácter cristiano de la educación que debía imponerse (Lionetti, 2006). Estuvieron de acuerdo en aprobar los programas de 1888 para las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación que incluyeron los contenidos “Deberes para con Dios” y “Amor y respeto a Dios como Creador y Providencia”, aclarando siempre que los maestros debían abstenerse a dictar dogmas y doctrinas religiosas particulares (Rodríguez, 2018).

En 1896 se fundó el Partido Socialista, siendo La Vanguardia (1894) su órgano oficial. Los socialistas expresaron con insistencia que la Ley 1420 había creado la “escuela popular, gratuita y laica” y creían que el artículo octavo debía ser suprimido en tanto era contrario a su espíritu: en 1918 el médico y diputado Enrique Dickmann presentó un proyecto para derogarlo, en 1925 propuso modificar el artículo segundo y declarar que la instrucción primaria fuese laica, y en 1932 sus colegas volvieron a reclamar el cambio en la ley, sin éxito en todos los casos. Asimismo, los socialistas denunciaron tempranamente a los dueños de las escuelas privadas católicas porque, en complicidad con los funcionarios nacionales, incumplían sistemáticamente la Ley 934 de 1878 llamada de “libertad de enseñanza”. Dicha ley obligaba a los propietarios de los Colegios Nacionales particulares que quisieran ofrecer títulos reconocidos por el Ministerio, acogerse al régimen de “incorporación”, esto significaba adoptar los mismos planes de estudio de los establecimientos públicos y hacer que sus estudiantes rindiesen exámenes parciales y finales frente a un tribunal integrado por el rector del Colegio Nacional público. Si les parecía mal seguir habilitando el funcionamiento de estas instituciones, el decreto de 1897 que concedió la incorporación de las Normales particulares a las Escuelas Normales nacionales en los mismos términos de aquella ley fue asumido como uno de los grandes males de la educación argentina, no solo porque creían que sus directores cometían múltiples irregularidades, sino debido a que consideraban que un maestro, en tanto funcionario de Estado, no podía ser formado por instituciones del sector privado y mucho menos católico.

Los investigadores que han abordado el tema de los socialistas y la educación en los niveles primario y medio, han visto de qué manera sus militantes –maestros y maestras– se ocuparon de crear escuelas propias a principios del siglo XX (Barrancos, 1989; Becerra, 2007); fundaron la Confederación de Maestros en 1916 (Nigro, 1984); promovieron bibliotecas populares y recreos infantiles (Barrancos, 1997) y buscaron implementar novedades pedagógicas, generar vínculos participativos con los alumnos y sus padres, combatiendo el “autoritarismo” de los funcionarios nacionales (Puiggrós, 1996). En referencia a los estudiosos de la figura de Américo Ghioldi y su grupo, se han ocupado de analizar sus declaraciones referidas a la situación política nacional e internacional, ilustrando en qué sentido durante los años de 1930 se constituyeron en una fuerza opositora al gobierno de la Concordancia, al que tildaron de conservador, asociándolo con el “fascismo”, identificando luego a los dirigentes de la Revolución de junio de 1943 con el “nazifascismo” (Martínez Mazzola, 2022). Posteriormente, estos socialistas vieron en el “obrerismo” del presidente Juan D. Perón (1946-1955) un intento de sobornar a los sectores populares para que se sometieran a un gobierno que no podía ocultar su carácter “totalitario” y “fascista” (García Sebastiani, 2005; Herrera, 2005 y 2016; Martínez Mazzola, 2020). Para esta vertiente del socialismo liberal que encarnaba Ghioldi, tanto el peronismo como el comunismo expresaban un profundo desprecio por las libertades civiles y los valores civilizatorios (Martínez Mazzola, 2011). Estos posicionamientos políticos los llevaron a avalar el golpe de Estado contra el presidente Perón, su posterior proscripción y a ocupar altos cargos en regímenes como el de la última dictadura, entre otras cuestiones (Suárez, 2015).

Ahora bien, en este trabajo nos ocuparemos de una temática poco vista, como es el análisis de los escritos dedicados a la educación de Ghioldi y sus aliados, especialmente los elaborados durante su actuación como diputado nacional en los dos períodos que fue electo: 1932-1944 y 1963-1966. A lo largo de cinco apartados presentaremos, en el primero, el cuestionamiento que realizó a las autoridades ministeriales por autorizar prácticas contrarias a las contempladas en la Ley 934; en el segundo resumiremos los distintos proyectos presentados solicitando la derogación de ciertos artículos de la Ley 1420, un nuevo escalafón del magisterio, una ley para la enseñanza media y la suspensión de la implementación de nuevos programas para las escuelas primarias; en el tercer apartado reseñaremos el pedido de interpelación que hizo al ministro y la contestación del funcionario; seguidamente observaremos su desempeño en el período que no fue legislador. Por último, mencionaremos qué propuestas presentó en su última etapa como diputado en los años de 1960, vinculadas al contenido de ciertos textos escolares. La hipótesis a seguir es que las diversas propuestas que fue presentando el legislador Ghioldi junto con otros maestros socialistas en distintas épocas tenían por objetivo denunciar que la principal amenaza para la escuela laica eran, por un lado, los funcionarios que pretendían incluir contenidos religiosos en la escuela pública y, por el otro, los que avalaban a los dueños de establecimientos particulares católicos que buscaban constantemente burlar las normas vigentes y difundir valores contrarios al “espíritu laico” de la Ley 1420.1

Las escuelas privadas confesionales: exámenes y títulos (1932-1934)

Es sabido que la Iglesia Católica desde las primeras décadas del siglo XX se dedicó a fortalecer su actividad religiosa y a ocuparse de manera especial por la cuestión social, en un intento de superar el liberalismo y contener el avance del comunismo. Contribuyó a la confesionalización del Ejército y entre ambos construyeron el mito de la “nación católica” que se cristalizó alrededor de 1930, apoyando decididamente el primer golpe militar contra un gobierno elegido democráticamente (Zanatta, 1996). En 1931 fundó Acción Católica, en 1936 la Federación de Maestros y Profesores Católicos, y en 1939 el Episcopado creó el Consejo Superior de Educación Católica o Consudec.

En este contexto, Ghioldi asumió su banca como diputado nacional, donde presentó numerosos proyectos –iniciados por él o acompañando a otros– que no se limitaron a lo educativo, atendiendo a diferentes temáticas, referidas a la sanción de una ley orgánica municipal para la Capital Federal, la provincialización de los Territorios Nacionales, la regulación de los servicios públicos, la situación de los trabajadores de los ferrocarriles, las pensiones para la vejez, el retiro de empleados y obreros de comercio, industria y faenas rurales, entre otras.

En relación con la cuestión educativa, en 1932 pronunció un discurso en el Congreso dirigido al ministro de instrucción pública para criticar su afirmación de que la Ley 934 de 1878, llamada de libertad de enseñanza, establecía la igualdad entre la enseñanza privada y la enseñanza oficial (Ghioldi, 1934). Negaba que esto fuese así, en tanto la Ley 934 obligaba a los estudiantes de los colegios particulares a rendir exámenes ante las autoridades de los establecimientos públicos. El problema, denunciaba, era que desde el Ministerio se les otorgaba con demasiada frecuencia un aval a los alumnos para eludir las pruebas. Ponía el ejemplo de los exámenes que habían rendido los estudiantes en la sede del Colegio Nacional público de Capital Federal: del total de los 183 alumnos del Colegio Internacional se eximieron del examen a 176; del Instituto Americano estaban inscriptos 115 y se eximieron del examen de matemáticas a 78 y a todos los de literatura; y lo mismo sucedió con los estudiantes de los colegios Pío IX y San Marón. Ghioldi afirmaba que esto era ilegal y que, sin el contralor del Estado, se corría el peligro de beneficiar a los estudiantes por influencia del dinero, el apellido o la amistad. Un caso extremo, añadía, era el del Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe, donde los ministros les habían permitido a las autoridades otorgar diplomas con validez oficial ante los Colegios Nacionales y universidades, sin que sus alumnos rindiesen ante ningún tribunal oficial.

Las irregularidades se continuaban en otros establecimientos católicos. Por ejemplo, el ministro Antonio Sagarna había declarado válidos para la enseñanza en los colegios de la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas los diplomas que el mismo instituto otorgaba a sus miembros, es decir, no se obligaba a los docentes a cursar en una Escuela Normal; y el ministro Juan de la Campa autorizó a más de cien personas que daban clases a dictar cátedra en los institutos maristas, otorgándole, de hecho, el título de maestros. En suma, concluía Ghioldi, si se decidía mantener vigente la Ley 934 tenía que derogarse la gran cantidad de decretos (de los años 1879, 1883, 1884, 1886, 1896, 1897, 1899, 1904, 1905, 1906, 1909, 1926, 1928, 1929 y 1932) que eximían del examen a los alumnos de los establecimientos incorporados y demás irregularidades, ya que eran contrarios a la letra de la norma (ídem).

En relación con la laicidad, Ghioldi aseguraba que la Iglesia acusaba “al espíritu laico”, que supuestamente predominaba en las instituciones públicas, de ser la causa principal de la criminalidad, la inmoralidad y del retroceso del país. Dado que la Iglesia despreciaba de esta forma al sistema público, el legislador mencionaba haber presentado un proyecto de ley que habilitaba al Poder Ejecutivo a autorizar las incorporaciones a los establecimientos que impartiesen solamente enseñanza laica, con la obligación de rendir todas las materias ante una mesa conformada por profesores del establecimiento oficial (ídem).

La “infiltración clerical” en el Ministerio

En agosto de 1933, Ghioldi dio a conocer otra propuesta que prohibía el ejercicio a los docentes sin título, en tanto existía una amplia mayoría de no diplomados en el sistema privado, no así en las escuelas oficiales. El problema, explicaba el legislador, era que el ministro de ese momento había dicho que existía un exceso de maestros normales sin puesto, alrededor de 20 mil, y que para solucionar esta situación había decidido reducir el número de Escuelas Normales con el propósito de hacer disminuir el número de graduados (dos medidas que no se concretaron). El diputado advertía que el gobierno, antes que suprimir Normales públicas, debía aprobar los dos proyectos de ley que él había presentado: la derogación del decreto de incorporaciones de Normales privadas y la suspensión del artículo 57 de la Ley 1420, que habilitaba al Estado a otorgar certificados de competencia a los particulares que deseasen dedicarse a la enseñanza primaria, porque, como decía el ministro, ya existían en el país suficiente número de maestros diplomados que, según el legislador, podrían ir perfectamente a trabajar a las escuelas particulares. Recordaba el diputado que hacía unos años, el Consejo Nacional de Educación había aprobado un proyecto que prohibía a los maestros sin título desempeñarse en las escuelas primarias privadas de la Capital, pero esa resolución se derogó al otro año, exponiendo claramente la situación irregular en la que se encontraban esos establecimientos.

En 1934 se conmemoró el quincuagésimo aniversario de la Ley 1420, y el diputado aseguraba que gracias a esa norma se creó la escuela popular y se fundó la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Esperaba que el Congreso completara la obra de los legisladores de 1884 derogando, tal como propuso el diputado Dickmann, el artículo octavo que autorizaba a los sacerdotes de todos los cultos a dictar clases de religión en las escuelas públicas fuera del horario escolar.

Ese año el diputado presentó una propuesta de escalafón del magisterio, con el apoyo de la Confederación de Maestros y los diputados Enrique Mouchet y Enrique Dickmann, entre otros. Entre las muchas cuestiones que se reglamentaban, se establecía que los maestros sin título con menos de tres años de antigüedad quedaran cesantes al momento de sancionarse la ley y que los títulos emitidos por las Escuelas Normales públicas se computasen con un valor mayor que los títulos emitidos por los institutos particulares. El mismo proyecto fue presentado en 1937 y 1941, sin éxito.2

A fines de ese año solicitó a sus pares invitar al ministro a concurrir a la sesión de ese mes para que informara si tenía conocimiento de que se estaba realizando propaganda religiosa en varios establecimientos de primera y segunda enseñanza y si el Ministerio a su cargo había tomado alguna medida tendiente a evitarla. También presentó un proyecto de ley para la enseñanza media junto con Enrique Mouchet, Enrique
Dickmann, Rogelio Ameri, José Luis Pena y Ángel M. Giménez, entre otros. Lo fundamentaba advirtiendo que el “desquiciamiento” de la enseñanza media se debía a la prosperidad comercial de los institutos incorporados que gozaban del privilegio de la exención de exámenes para sus alumnos en virtud de los numerosos decretos que se habían publicado. La enseñanza sin contralor del Estado, seguía, a cargo de profesores explotados en forma ruin y miserable, había producido efectos perniciosos sobre el conjunto de la enseñanza secundaria. En particular, consideraba que la enseñanza normal debía ser una función exclusiva del Estado, por lo que volvía a proponer que se anularan las incorporaciones concedidas a Escuelas Normales particulares y se admitiera la existencia de Colegios Nacionales y Comerciales privados siempre que no fuesen confesionales. Debían además tener profesores titulados, a quienes se les otorgaría una remuneración mínima igual a las tres quintas partes del sueldo que el Estado fijaba a los profesores de igual categoría de los establecimientos oficiales. De manera similar a las otras propuestas, esta fue presentada nuevamente en 1937, 1939 y 1941.

En noviembre de 1935 Ghioldi pronunció la conferencia “En defensa de la escuela laica” en el salón de actos del Ateneo, que luego fue publicada. Allí criticaba el “audaz plan de infiltración clerical” puesto en práctica desde hacía varios años en el país y una “solapada campaña de la Iglesia Católica contra la escuela laica” (Ghioldi, 1935, p. 3). Concluía que, al tiempo que la Iglesia combatía la escuela democrática, conseguía tener, gracias a subterráneos manejos, la dirección de la enseñanza primaria y secundaria del país. El diputado invitaba a leer la lista de los miembros que integraron en los últimos años el Consejo Nacional de Educación y la lista de los ministros para comprobar esta afirmación.

En ese contexto, el presidente del Consejo Nacional de Educación, el ingeniero Octavio Pico, dijo que si bien la Ley 1420 le había asignado “un lugar exiguo al desarrollo del sentimiento religioso”, innumerables “maestros y maestras han llenado por sí mismos este vacío y elevado el espíritu de sus educandos al conocimiento de esas verdades”, mientras que otros, “más pusilámines, más indiferentes o más sectarios, han omitido toda alusión a esas altas manifestaciones del espíritu humano y han llegado hasta suprimir en los libros de lectura la mención del nombre de Dios” (cit. en Tedesco, 1993, p. 249). Producto del aumento de los funcionarios afines a la Iglesia Católica, en 1936 los gobernadores de Santa Fe, Catamarca y Buenos Aires reinstauraron la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y se sumaron a Córdoba y Salta, que la tenían de antes (Rodríguez, 2018).

Al año siguiente, Ghioldi se dedicó a criticar duramente los nuevos programas para las escuelas comunes de la Capital Federal que se aprobaron durante la presidencia del ingeniero Pico en el Consejo. Estaban basados en la escuela nueva o activa, que buscaba poner en práctica las más renovadas corrientes pedagógicas de la época. Sin embargo, en una de sus presentaciones, Pico había puesto el énfasis no tanto en los aspectos novedosos, sino en recomendar a los docentes que reforzaran los contenidos religiosos de la asignatura Moral (“Existencia de un Ser Supremo”, “Deberes para con Dios”, y “Conocimiento de la Divinidad”). Según Ghioldi, el presidente Pico había anulado las posibilidades reales de una reforma al concentrarse en el aspecto religioso y omitir contenidos vinculados a la educación sexual, la enseñanza del pacifismo, la evolución de las especies y las nociones de puericultura, todos olvidos que dejaban en evidencia su espíritu contrarreformista y reaccionario (Ghioldi, 1936).

El diputado continuaba preguntándose cómo debía el maestro no religioso hablar de Dios a niños no creyentes que concurrían obligatoriamente a la escuela laica, o explicarles cuáles eran los límites de los deberes, ya que algunos pretendían que fuesen los de concurrir a misa, cumplir el ritual católico y obedecer las órdenes espirituales de los sacerdotes. Pero lo más grave, criticaba, era que, en la edición oficial de los programas, estaban incluidas las palabras del presidente del Consejo que indicaban que el estudio de Moral debía poner de manifiesto la existencia de un Ser Supremo, ya que en la escuela neutra no podía quedar excluido el conocimiento de la Divinidad y “el gran dogma de la inmortalidad del alma” (Ghioldi, 1936, p. 119). Estas expresiones de Pico, decía el legislador, exponían un inconcebible atropello al laicismo escolar y sus nuevos programas constituían un atentado a la libertad de conciencia de los maestros, a quienes se obligaba a creer en el Dios católico y romano y a dar catequesis católica, lo que resultaba un atentado a la libertad de conciencia de los alumnos y de los padres. Finalmente, solicitaba que estos programas no tuviesen aplicación y volviesen a comisión para ser revisados. Igual que en otras ocasiones, estos pedidos no obtuvieron una respuesta positiva.

El aumento de las Escuelas Normales privadas

El ministro de instrucción pública, Jorge de la Torre (1936-1938), habilitó la incorporación de un número inusitado de Escuelas Normales privadas, que eran casi todas católicas: de 34 que había en 1936 pasaron a ser 108 en 1937, representando por primera vez un número mayor a las Escuelas Normales oficiales, que eran alrededor de 80 (Rodríguez, 2019). Durante todo ese año, el diputado propuso declarar ilegal este incremento, pero no lo logró.

Por pedido de Ghioldi y otros diputados, De la Torre debió comparecer ante la Cámara de Diputados para justificar tres decisiones: la mencionada aprobación de los nuevos programas y su impronta religiosa, acerca de estas incorporaciones a la enseñanza Normal, y sobre la creación de la inspección de escuelas incorporadas. Respecto al primer punto, el ministro aseguraba que se había producido entre los docentes un acercamiento “natural” y necesario a los ideales de Dios y de patria y que en ninguno de los establecimientos del país había llegado alguna queja ante el Ministerio, respecto a que la libertad de conciencia hubiese sido violada. De acuerdo a su punto de vista, el espíritu liberal y de la moral cristiana de las instituciones estaba siendo respetado.3

El ministro pasó luego a contestar el segundo punto. Aclaraba que se había visto obligado a otorgarle la incorporación a numerosos establecimientos privados debido a la alta demanda de bancos que el sistema público no podía satisfacer. Recordaba que el fundamento de la enseñanza incorporada Normal, al igual que las otras, estaba basado en el artículo 14 de la Constitución Nacional que reconocía la libertad de enseñanza y el decreto del 10 de junio de 1897 que equiparó las Escuelas Normales particulares al mismo régimen de incorporación existente desde 1878 para los Colegios Nacionales. Indicaba que, si bien el presidente Marcelo T. de Alvear había dictado un decreto en diciembre de 1923 dejando sin efecto aquel de 1897, unos pocos días después, en enero de 1924, el ministro Sagarna acordó la incorporación del colegio Guido Spano de la Capital, al que luego siguieron varios más que ampliaron los beneficios de la incorporación a la enseñanza Normal a institutos de la Capital, Catamarca, Santa Fe, Posadas, Rosario, Mendoza y San Juan, entre otros. De la Torre consideraba que estas normas estaban fundamentadas en un pensamiento alejado “de todo extremismo”, es decir, ni al lado de los que sostenían el “monopolio docente en la formación del maestro, doctrina contraria al espíritu liberal argentino y a la práctica centenaria de nuestra libertad de enseñanza, ni al lado de quienes quisieran aplicar conceptos omnímodos al uso de todas las libertades”.4 Era sabido, continuaba, que ninguna nación, excepto Rusia y otros Estados totalitarios, tenían implantados el monopolio estatal en la formación del maestro, por lo que se debía comprender la necesidad del Poder Ejecutivo actual de no trabar en modo absoluto la formación del maestro normal.

Por último, informaba, debió crear la Inspección Técnica General de Enseñanza Incorporada, dada la gran cantidad de nuevos institutos que había en el sistema, muchos de los cuales eran centenarios y de excelente nivel, como el de las Hermanas De María de Mendoza, las Hermanas de Nuestra Señora del Huerto de Capital, Santa Rosa de Viterbo de Salta, el María Auxiliadora de La Pampa, Santa Fe y Mendoza, entre tantos otros.

A principio de la década de 1940, Ghioldi presentó un proyecto para unificar la enseñanza primaria en todo el territorio nacional sobre la base de la Ley 1420, y que se declarase a la escuela pública común gratuita, obligatoria, laica, democrática y liberal, estableciendo los mismos contenidos para todo el país, comenzando con la obligatoriedad a los seis años. Proponía que las escuelas nacionales ubicadas en las provincias (las “Láinez”) y su personal docente pasaran a depender de las respectivas provincias y establecer un solo régimen salarial para toda la república. Sugería que las Escuelas Normales provinciales y municipales se nacionalizaran y renovaba su pedido de suprimir las incorporaciones a las Normales.5

En junio de 1942 Ghioldi pidió invitar al ministro para que informara sobre las razones que había tenido para autorizar la enseñanza de la religión en algunas Escuelas Normales nacionales de la provincia de Buenos Aires después de las horas de clase.6 En el medio de este clima, en diciembre de 1943, los militares y civiles que encabezaron el golpe de Estado y su ministro del área, Gustavo Martínez Zuviría, impusieron la religión católica por decreto 18.411 en todas las escuelas del país (Rodríguez, 2018).

Ghioldi y los años de 1950 y 1960: el avance de la educación privada

Como ya mencionamos, Ghioldi dejó de ser diputado nacional entre 1944 y 1962, período en que se produjo la aprobación de un conjunto de normas que apuntaron a consolidar el sistema de educación privada. Luego de ganar las elecciones presidenciales en 1946, Juan Domingo Perón ratificó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En este tiempo, Ghioldi y otros socialistas acusaron a Perón de ser un dictador, un fascista y un tirano, al tiempo que integraba un grupo que buscó derrocarlo mediante un golpe de Estado. La asonada fracasó y el gobierno peronista ordenó la captura de Ghioldi, debiendo buscar asilo en Uruguay (Herrera, 2005).

Bajo la presidencia peronista se aprobó la Ley 13.047/47 llamada Estatuto del Docente Privado, donde se creaba el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que, entre otras cuestiones, debía velar por los derechos laborales de los docentes del sector, previendo cierta estabilidad, causales de despido y salarios mínimos. Clasificaba a los establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial en dos: los de nivel primario fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación y los de nivel medio (enseñanza secundaria, normal o especial) incorporados a la enseñanza oficial dependientes del Ministerio de Instrucción Pública. Además, la norma contribuyó a ordenar el sistema de subsidios estatales: los establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial que no pudiesen pagar los sueldos mínimos establecidos, podían recibir una contribución del Estado que no debía ser superior a las dos terceras partes de los sueldos mínimos y, para los establecimientos que impartiesen enseñanza gratuita, la contribución del Estado podía alcanzar hasta el 80 %. Previsiblemente, los socialistas se manifestaron contrarios a esta legalización del sistema de subsidios estatales.

En 1954 Perón decidió, por distintas razones, enfrentarse con la Iglesia y al año siguiente fue víctima de un golpe de Estado organizado, entre otros, por un sector de las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. La mayoría de los dirigentes del Partido Socialista (PS) declararon su apoyo público al golpe autodenominado “Revolución Libertadora” (1955-1958). La Iglesia logró que se nombrara en el área educativa a funcionarios propios y avanzó todo lo que pudo en la promoción de una legislación que le asegurara la expansión del sistema privado confesional de enseñanza (Mallimaci, 1996). El primer paso fue la asunción como ministro de educación del católico Atilio Dell’Oro Maini. Su acción más conocida fue la redacción del Decreto 6403/55, que en su artículo 28 autorizaba la creación de universidades privadas con la capacidad de emitir títulos habilitantes. La medida provocó reacciones a favor y en contra, y se organizaron marchas en todo el país esgrimiendo las consignas “laica o libre”. Los socialistas participaron activamente por la “laica”, logrando suspender el artículo por un tiempo. En otros ámbitos de actuación, como la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, se ocuparon de denunciar las visitas de sacerdotes católicos a las escuelas públicas y el contenido de la materia sobre enseñanza moral, que equivalía a “la imposición del dogma católico” (Ferreyra, 2012, p. 225). Unos años después se aprobaron a nivel nacional los programas para el nivel primario que habían incluido nuevamente el ítem “Noción de Dios. Deberes para con Él” (Rodríguez, 2018).

En 1957 Ghioldi prologó un libro sobre Bartolomé Mitre de Atilio Torrassa, maestro normal, profesor de filosofía y presidente de la Liga Argentina de Cultura Laica (LACL). Torrassa se reconocía antiperonista y en los años de 1940 se negó a reeditar su Tratado de lógica “para no desarrollar los temas políticos y religiosos del programa de Filosofía impuesto por el peronismo” (Torrassa, 1957, p. 1).7 En el prólogo, Ghioldi advertía que ante una nueva y violenta agresión llevada contra la escuela popular de Sarmiento y la civilizadora Ley 1420, restituida oportunamente por la Revolución Libertadora, la exhumación de los escritos del liberalismo argentino constituía tanto un acto de justicia como un valiosísimo aporte al esclarecimiento del proceso de sus ideas-fuerza.

Durante el gobierno de la Libertadora, en el partido se iban profundizando las diferencias entre los socialistas en relación a qué postura adoptar frente al gobierno dictatorial. Finalmente, en 1958 el Partido Socialista se dividió en dos fracciones, el Partido Socialista Democrático (PSD) y Partido Socialista Argentino (PSA) (Tortti, 2009; Ferreyra, 2012). Los líderes más visibles del PSD fueron Américo Ghioldi, Juan Antonio Solari y Nicolás Repetto, quienes se autodenominaban “liberales” y “republicanos” y acusaron a los otros de ser “simpatizantes” del comunismo y el peronismo. En 1962 salió el primer número de La Vanguardia como vocero del PSD. En sus páginas se recordaban elogiosamente los aniversarios de la Revolución Libertadora y al general Pedro E. Aramburu.

Con la asunción del presidente Arturo Frondizi (1958-1962) fue ministro de educación otro católico, Luis R. MacKay, quien transformó en ley el artículo que habilitaba la creación de universidades privadas. Además, en cumplimiento de una promesa electoral, el ministro puso en ejecución el artículo quinto de la Ley 13.047, que habilitaba al Poder Ejecutivo a reglamentar el procedimiento a seguir para el ingreso y promoción de los alumnos de establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial. El primer paso fue crear la Dirección Nacional de la Enseñanza Privada que fue transformada en el Servicio Nacional de la Enseñanza Privada en 1960 [en adelante SNEP]. Este organismo tuvo a partir de ese momento la responsabilidad de la supervisión, la conducción y el gobierno del sector privado, por lo que se traspasaron todas las escuelas particulares de nivel medio y superior. La creación del SNEP fue para los católicos una de las medidas “más trascendentales”, “más revolucionaria” y “más importante” de la historia que coronaba “el boom de expansión de la enseñanza privada” que venía desarrollándose “desde 1950 y sobre todo desde 1956” (Rodríguez, 2017, p. 189).

Posteriormente se dictó el Decreto 12.719/60, en cuyo artículo primero se establecía que los institutos privados serían considerados como unidades administrativas técnico-docentes de gestión propia y debían encargarse de todo lo relacionado con los alumnos: del régimen de estudios, de matriculación, disciplinario, de calificaciones, promociones, certificados y diplomas. Es decir, los alumnos fueron eximidos definitivamente de rendir exámenes ante un tribunal conformado por las autoridades públicas. Antes de la iniciación del curso lectivo de 1961 ya se había efectuado el traspaso a los institutos de toda la documentación que hasta ese momento se encontraba en poder de los establecimientos oficiales y se estaban recibiendo en todos los institutos las primeras pruebas escritas bimestrales en tres asignaturas fijadas por el SNEP. En marzo de 1961 todos los institutos privados del país iniciaban sus clases bajo los auspicios de una “era realmente nueva”, dado que, con ese decreto, declaraban los católicos, quedaba clausurada para siempre la etapa del sistema de las incorporaciones creada por la Ley 934 de 1878.

En un esfuerzo de contrarrestar esta avanzada del sector privado, Ghioldi, José S. Campobassi y Alfredo P. Bravo fundaron en 1959 la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP) sobre la base de la Liga de Profesores y la Confederación de Maestros (Rodríguez, 2017).8 Cabe señalar que los dos primeros eran del PSD, pero Bravo había sido expulsado del Partido en 1956, aunque seguía autodefiniéndose como socialista (Vázquez y Balduzzi, 2000). Habían apoyado activamente la campaña para sancionar un nuevo Estatuto del Docente –en reemplazo del elaborado por el peronismo–, que finalmente se aprobó como Ley 14.473 en 1958. En síntesis, la CAMYP decía haberse creado para defender la aplicación del Estatuto y asegurar la vigencia plena de la Ley 1420.

Si Ghioldi consideraba que Sarmiento estaba siendo atacado en esos momentos por los grupos de católicos “totalitarios”, el eje de la actuación pública e intelectual de los socialistas del PSD fue escribir y hablar en su defensa, a riesgo de plantear cuestiones similares en todos los textos. En dos años Campobassi publicó cuatro libros: Sarmiento y la Ley 1420 (Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 1960); Sarmiento: sus ideas sobre religión, educación y laicismo: respuesta a un libro antisarmientista (Buenos Aires: Liga Argentina de Cultura Laica, 1961); Laicismo y catolicismo en la educación pública argentina (Buenos Aires: Gure, 1961); y Sarmiento y Mitre: hombres de Mayo y Caseros (Buenos Aires: Losada, 1962). Además, Ghioldi y Campobassi se involucraron en el movimiento del Congreso por la Libertad de la Cultura, experiencia de la que participaron importantes figuras de la educación como el pedagogo norteamericano John Dewey (Jannello, 2013).

La vuelta a la Cámara de Diputados y la denuncia por los libros de textos

Luego del golpe de Estado que derrocó a Frondizi en 1962, asumió por unos meses el senador José María Guido y luego Arturo Illia (1963-1966), quien designó a Carlos Alconada Aramburú como ministro y presidente del SNEP a Marcos Pedro Ronchino, miembro del Opus Dei. Los referentes de la CAMYP le entregaron un memorándum donde desarrollaban cuáles eran los pasos que tenían que seguir los nuevos gobernantes en materia educativa. En el documento sostenían que el Poder Ejecutivo Nacional debía hacer todo lo posible para incrementar gradual y proporcionalmente el presupuesto destinado a la educación pública; combatir el analfabetismo creando diez mil escuelas en el término de seis años y jardines de infantes progresivamente obligatorios en todo el país; aumentar las escuelas de doble escolaridad con comedores escolares gratuitos y extender la obligatoriedad de la enseñanza de siete a diez años. Pedían que se dejara de subsidiar a las escuelas privadas allí donde existiesen institutos oficiales de educación, y que el Estado no elevase el monto de los subsidios al sector. Solicitaban revisar toda la legislación educativa que atentaba contra el interés del Estado y planteaban que dejaran de autorizarse Escuelas Normales privadas y se cerraran las existentes, ya que maestros y profesores, como los oficiales de las Fuerzas Armadas, sólo debían ser formados en escuelas del Estado. Concluían que la inspección de las escuelas oficiales y privadas debía ser única, en tanto el sistema actual era proclive “a la irregularidad organizada lindante con la inmoralidad”, entendiendo que el SNEP debía dejar de funcionar.

Ese mismo año el sacerdote Septimio Walsh fundó el periódico Consudec (1963) de la institución homónima. Tenía entre 24 y 28 páginas, recibía publicidad de las distintas escuelas privadas católicas, de empresas del rubro educativo y de organismos oficiales. Desde los inicios, clérigos y profesionales católicos se ocuparon de contestar lo que consideraban “agravios” que proferían tanto la CAMYP como la LACL (Rodríguez, 2017).

A fines de 1963 Torrassa dio a conocer el comunicado de la LACL titulado “Se ataca a Sarmiento en las escuelas privadas”, dirigido al ministro Alconada Aramburú y del cual se hizo eco el Consudec. Torrassa repudiaba los ataques a los monumentos de Domingo F. Sarmiento que habían sido perpetrados por militantes de la organización nacionalista y católica de derecha Tacuara en varias ciudades del país.9 Sin nombrar a Tacuara, Torrassa denunciaba que sus militantes habían repartido folletos entre los alumnos de las escuelas privadas, a las que acusaba de estar regidas por congregaciones extranjeras que tenían escasa identificación nacional y democrática, y que vanagloriaban a tiranos y caudillos, en especial a Rosas, Facundo y el Chacho.10 Otro de los problemas, seguía Torrassa, era que en esos establecimientos se usaban textos que decían que Sarmiento era blasfemo, sacrílego, hereje, masón, falaz, impío y grosero, entre otros adjetivos descalificadores hacia su persona. Con base en estas pruebas, la Liga pedía al Ministerio: 1) examinar los libros de texto usados en las escuelas privadas; 2) determinar el autor de los “libelos” contra Sarmiento y la relación de los mismos con los colegios privados; 3) retirar el subsidio y clausurar todos los colegios que usaran textos o difundiesen doctrinas contrarias a “nuestro espíritu democrático”; 4) realizar “una prolija inspección por medio de los inspectores, directores y profesores de los colegios oficiales acerca de los programas y la forma de enseñar historia, educación democrática, filosofía, pedagogía, historia de la educación y de la cultura”; 5) revisar todos los decretos “ilegales” con que se había concedido, violando las leyes 934 y 1420, la total autonomía a la enseñanza privada “al punto de constituir un ente autónomo dentro del Estado” (en referencia al SNEP).11

Al poco tiempo Torrassa envió una segunda nota al Ministerio en la cual volvía a denunciar el contenido de los textos escolares y pedía a las autoridades que prohibieran la circulación de los libros llenos de “odio delirante” que se imprimían en editoriales católicas, se vendían en librerías católicas y se difundían en escuelas católicas, “encendiendo reacciones vandálicas en niños y jóvenes desprevenidos” (Torrassa, 1963). Torrasa no lo hacía explícito, pero se sabía que “En torno a Sarmiento” había sido escrito por el profesor católico Blas Barisani, integrante del Opus Dei, director de la revista Cuadernos del Sur y autor de los libros sobre la asignatura Educación Democrática. Estas apreciaciones se acompañaron con una denuncia formal que hizo la LACL ante el Ministerio de Educación y Justicia titulada “Escuela sectaria y textos de educación democrática: documentada denuncia al Ministerio” (1964).

Con el propósito de reforzar estas denuncias, el diputado Ghioldi presentó ese mismo año un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo dispusiera una inmediata investigación de los libros de texto que se empleaban en los establecimientos de enseñanza pública y privada, muy especialmente del ciclo medio, a fin de prohibir, de acuerdo con los términos del Decreto 7625/55 (de institución de la asignatura Educación Democrática), aquellos que por su dogmatismo, parcialidad y falsedad conspirasen contra la unidad mental del pueblo, las instituciones democráticas, la doctrina de la libertad y la tradición encarnada en figuras ejemplares.12 La Honorable Cámara, remarcaba, debía aplaudir el elevado espíritu democrático que guiaba a la Liga Argentina de Cultura Laica en sus denuncias periodísticas y en sus presentaciones ante el Ministerio de Educación, publicadas en los diarios La Prensa, El Mundo, La Razón y La Vanguardia, entre otros. El diputado pasaba a detallar el contenido de los distintos manuales de Educación Democrática escritos por el profesor Blas Barisani, ratificando los pareceres de Torrassa. Los libros habían sido publicados por la editorial Claretiana, entre 1961 y 1963 e iban de primero a tercer año. En ellos, decía Ghioldi, Barisani advertía que la Declaración de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas era un documento del liberalismo internacional, totalmente ateo que no reconocía en su articulado la existencia de Dios ni sus derechos y el mismo razonamiento lo aplicaba para la Revolución Francesa, la Carta Magna, la revolución norteamericana del 76 y la moderna Declaración de los Derechos del Hombre. Para el señor Barisani, reclamaba Ghioldi, la democracia y el parlamento no servían para nada, al tiempo que recomendaba a los alumnos evitar votar por los partidos Socialista Argentino, Socialista Democrático, Demócrata Progresista, Comunista, Concentración Obrera y la Unión Cívica Radical del Pueblo. En otra parte Barisani afirmaba que Mariano Moreno era un falso numen de la Revolución de Mayo, a Rivadavia lo calificaba como un payaso y elogiaba a Rosas y a la Mazorca. Para Barisani, Echeverría, Alberdi, Gutiérrez y otros eran jóvenes afrancesados, representantes de la inautenticidad de la cultura argentina. De Caseros enseñaba que era una calamidad nacional que dio inicio a una época de violencia, vergüenza y frustración. Acerca de la Ley 1420, este autor sostenía que era un instrumento de sojuzgamiento espiritual que se presentaba bajo el velo democrático liberal (ibídem).

En su alocución, Ghioldi denunciaba también el contenido de los textos escritos por Germán Bidart Campos, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. En su libro para la materia Educación Democrática, hacía una calurosa defensa de la España colonialista y llegaba a decir que el territorio formaba parte de ese país en calidad de provincia y no de colonia. Atacaba sistemáticamente a la Revolución Francesa, la que produjo, según Bidart Campos, una explosión de liberalismo anárquico que introdujo una falsa divinización del hombre. Apoyándose en un falangista español decía que la Edad Moderna no era la Edad Media más el hombre sino la Edad Media menos Dios. En otra parte de su libro negaba la soberanía popular, en tanto la representación del pueblo era un imposible. Ghioldi finalizaba advirtiendo a sus colegas diputados que resultaba inadmisible que en las aulas argentinas se fomentaran el menosprecio y aun el odio contra los próceres de la nacionalidad y que bajo el título de Educación Democrática se impartiesen a los alumnos enseñanzas que no buscaban, precisamente, la exaltación del tipo de vida democrática y sí, por el contrario, de las ideas y figuras que ayer y hoy más la habían perseguido. Se imponía, pues, una pronta y honda investigación oficial que diese cuenta a esta Cámara del resultado de sus conclusiones (ibídem).

Ninguna de estas denuncias logró detener el avance del sector privado en materia legislativa. El director del SNEP logró que se aprobaran dos decretos, el 15/64 y el 371/64. Por el primero se normalizó todo lo referente a la distribución y fiscalización del aporte estatal a los institutos de enseñanza no oficiales de la jurisdicción nacional. Por el segundo se amplió la autonomía del SNEP. Se dispuso que la incorporación solo podía otorgarla el SNEP, estableciendo que dicha incorporación facultaba al instituto de enseñanza privado de nivel medio y terciario para matricular, calificar, examinar, promover, otorgar pases, certificados y diplomas y aplicar el régimen disciplinario y de asistencia a los alumnos. Unos años después se incluyeron en el decreto el nivel primario, los jardines de infantes y las escuelas diferenciales. Los católicos decían haber recibido los “excelentes” decretos con “alegría” y “satisfacción” (Rodríguez, 2017).

En este contexto, los dirigentes de CAMYP presentaron a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un memorándum que proponía la supresión legal de los subsidios a la enseñanza privada, pero no prosperó. En rechazo a estos nuevos decretos, en 1964 Ghioldi, junto con otros integrantes, renunció a la Comisión.

Reflexiones finales

En este trabajo analizamos una parte de los escritos referidos a la educación, pertenecientes al maestro socialista Américo Ghioldi y particularmente, los correspondientes a su labor como diputado nacional. Como han mostrado los especialistas, Ghioldi y su grupo se inscribieron en una versión particular del socialismo liberal, fueron opositores a los gobiernos de la Concordancia, de la Revolución de junio de 1943 y resultaron profundamente antiperonistas, postura que los llevó a avalar el golpe de Estado que derrocó al presidente Perón y su posterior proscripción. En su rol de legislador, hemos mencionado que se ocupó junto con otros diputados de diversos temas que trascendieron ampliamente el tema educativo.

En relación con la cuestión educativa, en este trabajo intentamos mostrar que los distintos proyectos y propuestas que hicieron el diputado y sus aliados siguieron el propósito principal de denunciar que la escuela laica estaba siendo atacada sistemáticamente por funcionarios católicos y representantes de los colegios privados católicos. Durante las décadas de 1930 y 1940 vimos que el legislador pidió que se tomaran las siguientes medidas: autorizar las incorporaciones solamente a los institutos laicos (Colegios Nacionales y Comerciales); dejar de eximir de los exámenes a los estudiantes de los establecimientos particulares; derogar el decreto que habilitó las incorporaciones a las Escuelas Normales; suprimir las Normales privadas; eliminar los artículos octavo y 57 de la Ley 1420 que disponían la enseñanza religiosa fuera del horario escolar y la posibilidad de obtener un certificado de competencia sin tener que estudiar en una Normal; prohibir el ejercicio a docentes no titulados; otorgar más puntaje y salario a los maestros y profesores que trabajaran en el sistema público. Específicamente, en los años de 1930, Ghioldi denunció que la mayoría de los funcionarios del Ministerio eran personas públicamente católicas y pidió que se dejaran sin efecto tres políticas: la aprobación de programas con contenidos religiosos, el aumento exponencial de las autorizaciones de las Normales incorporadas y la creación de una inspección especial para estos establecimientos.

Durante su última participación como diputado en la década de 1960, Ghioldi y su grupo se concentraron en intentar anular la importante normativa que favoreció al sector privado y particularmente, la que creó el SNEP y a impugnar a los autores de los textos escolares que se usaban en instituciones privadas que eran afines a una mirada revisionista, católica e hispanista de la historia, diametralmente opuesta a la que proponían los laicistas.

En suma, Ghioldi y los socialistas en general tuvieron un rol muy importante y activo en la defensa de la Ley 1420, pero no obtuvieron respuestas favorables a sus reclamos y les fue imposible frenar el avance del sector privado católico en materia legislativa ni detener el incremento sostenido de sus establecimientos durante la segunda mitad del siglo XX.

Bibliografía

Barrancos, D. (1989). Cultura, educación y trabajadores (1890-1930). CEAL.

Barrancos, D. (1997). Socialistas y la suplementación de la escuela pública: la Asociación de Bibliotecas y recreos infantiles (1913-1930). En G. Morgade (comp.). Mujeres en la educación. Género y docencia en la Argentina, 1870-1930. Miño y Dávila, pp. 130-150.

Becerra, M. (2007). Intelectuales socialistas, Estado y educación en Argentina a principios del siglo XX. Confluencia, 3, pp. 13-29.

Ferreyra, S.G. (2012). Socialismo y antiperonismo: el Partido Socialista Democrático. Transformación partidaria y dinámica política en tiempos de proscripción (Provincia de Buenos Aires, 1955-1966). Tesis de Doctorado Interuniversitario en Historia. Universidad Nacional de Mar del Plata.

Galván, M.V. (2012). El nacionalismo de derecha en la Argentina posperonista. Un cuadro de sus cambios y continuidades en la larga década del sesenta a partir de la lectura del semanario Azul y Blanco (1959-1969). Prohistoria.

García Sebastiani, M. (2005). Los antiperonistas en la Argentina peronista: radicales y socialistas en la política argentina entre 1943 y 1951). Prometeo.

Ghioldi, A. (1934). Jornadas Laicas. Buenos Aires: s/e.

Ghioldi, A. (1935). En defensa de la escuela laica. Ateneo Liberal.

Ghioldi, A. (1936). Crítica a los nuevos programas de escuelas primarias. La Vanguardia.

Herrera, C.M. (2005). “¿La hipótesis de Ghioldi? El socialismo y la caracterización del peronismo (1943-1956)”. En H. Camarero y C.M. Herrera (eds.) El Partido Socialista en Argentina. Prometeo, pp. 343-366.

Herrera, C.M. (2016). ¿Adiós al proletariado?: el Partido Socialista bajo el peronismo (1945-1955). CEHTI-Imago Mundi.

Jannello, K. (2013). Las políticas culturales del socialismo argentino bajo la Guerra Fría. Las redes editoriales socialistas y el Congreso por la Libertad de la Cultura. Papeles de Trabajo, 12, pp. 212-247.

Lionetti, L. (2006). La educación pública: escenario de conflictos y acuerdos entre católicos y liberales en la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Anuario de Estudios Americanos, 63, pp. 77-106.

Mallimaci, F. (1996). Catolicismo y militarismo en Argentina (1930-1983). Revista de Ciencias Sociales, 4, pp. 181-218.

Martínez Mazzola, R. (2011). Justo, Korn, Ghioldi. El Partido Socialista y la tradición liberal. Papeles de Trabajo, 8, pp. 35-52.

Martínez Mazzola, R. (2020) ¿Qué queda de izquierda en el “socialismo democrático” de Ghioldi? El Partido Socialista argentino a la luz de las categorías izquierda y derecha (1946-1955). Prismas. Revista de historia intelectual, 24, pp. 211-218.

Martínez Mazzola, R. (2022). El Partido Socialista y el Frente Popular. Entre el particularismo partidario y la coalición de fuerzas democráticas. Políticas de la Memoria, 22, pp. 181-192.

Nigro, J.C. (1984). La lucha de los maestros. Confederación de Maestros.

Puiggrós, A. (1996). Qué pasó en la educación argentina. Galerna.

Rodríguez, L.G. (2017). Educación, laicismo y socialismo en la Argentina: las organizaciones de maestros y profesores entre 1955 y 1983. Historia Caribe, 30, pp. 177-208.

Rodríguez, L.G. (2018). Enseñanza religiosa y educación laica en las escuelas públicas de Argentina (1884-2015). Prohistoria, 30, pp. 83-206.

Rodríguez, L.G. (2019). Cien años de normalismo en Argentina (1870-1970). Apuntes sobre una burocracia destinada a la formación de docentes. Ciencia, Docencia y Tecnología, 59, pp. 200-235.

Suárez, F.M. (2015). El socialismo argentino y el desafío de la democratización. En A.R. Lazzeretti y F.M. Suárez (coords.), Socialismo & Democracia, EUDEM, pp. 253-278.

Tedesco, J.C. (1993). Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945). Solar.

Torrassa, A. (1957). Mitre, paladín del laicismo. La enseñanza neutral o laica y la enseñanza libre. Ediciones de Sarmiento.

Torrassa, A. (1963). Sarmiento y la libertad de enseñanza: un artículo enjundioso no incluido en las obras completas del gran maestro. Liga Argentina de Cultura Laica.

Tortti, M.C. (2009). El “viejo” Partido Socialista y los orígenes de la “nueva” izquierda. Prometeo.

Vázquez, S.A. y J. Balduzzi (2000). De Apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente, 1957-1973. CTERA.

Zanatta, L. (1996). Del Estado liberal a la nación católica. Universidad Nacional de Quilmes.

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